Merece aplausos el actual mandatario por haberse tomado muy en serio, entre otros, tres grandes problemas, todos los que llevarían a una sustancial erradicación del contrabando, de las plantaciones no autorizadas de coca y de la minería informal. Las tres son actividades altamente intensivas en fuerza de trabajo, que alimentan a unas 50.000 familias, si le añadimos las actividades conexas (bodegas y farmacias, tabernas y prostíbulos, transportistas y demás).
Gran parte de esos trabajos “informales” surgieron a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de la falta de trabajo o porque el que desempeñaban no les permitía alimentar a sus familias, especialmente a las del campo andino. No surgieron del hecho que a esas personas les fascine el peligro o su muerte temprana: cruzar la frontera boliviana en noches sin luna, vivir en plantaciones avasalladas por policías, narcotraficantes y senderistas, o andar a diario descalzo y jorobado en ríos envenenados, no es un juego de niños (aunque desgraciadamente también los que ni siquiera han llegado a la pubertad se han visto obligados a sacrificarse en esas labores inhumanas).
¿Se ha percatado el gobierno que –cuando menos en teoría- todos esos trabajadores (por lo demás, despreciados por la sociedad) tendrán que buscárselas en otro lado y de otra manera? ¿Han imaginado los funcionarios públicos las consecuencias sociales que ese fenómeno ejercerá sobre la seguridad y la tranquilidad sociales, al margen de los de por sí preocupantes niveles de delincuencia y de las movilizaciones sociales bien justificadas a falta de Estado?
Pues no parece que les interese. Porque antes de adoptar esas medidas de erradicación del “mal” han debido ofrecerle alternativas -en el campo o en la ciudad- a estos “nuevos desempleados” para poder desenvolverse al amparo de un trabajo decente. ¿Hasta cuándo esperarán los burócratas? ¿O esperan que los damnificados esperen?
