viernes, noviembre 24, 2006

¿Probará de su propia medicina el FMI?

La noticia que este miércoles 22 propalara la agencia Bloomberg [1], de que el FMI vendería una cantidad exorbitante de oro, debe haber caído como marejada en la comunidad financiera internacional, así como en el Perú entre ciertos círculos empresariales mineros y para quienes son concientes que las exportaciones de oro contribuyen sustancialmente a nuestro superávit de balanza comercial. El año pasado llegaron a US$ 3.165 millones (solo algo menores a los US$ 3.360‘ de las de cobre), lo que equivalía a un 18% de las exportaciones de bienes (US$ 17.300 millones) y que –si el precio se mantuviera a los niveles actuales- este año llegarían a US$ 4.000’, con lo que también alcanzarían el 18% del total de exportaciones (US$ 22.000’).

Esta propuesta ha sido presentada por el departamento de finanzas del FMI, que ha recomendado la venta de 11 millones de onzas, que equivale al 10,7% del total de los 103’ de onzas que están almacenadas en sus bóvedas. Tales ventas equivaldrían a un ingreso de US$ 6.900 millones, si asumimos la vigencia del precio actual de US$ 628 por onza; lo que por cierto no es realista, dado que el solo anuncio de tal venta reducirá su cotización en pocas horas o días. La causa principal de esta medida aparentemente desesperada radica en los crecientes déficit que tiene el FMI y que amenaza llegar a niveles insostenibles en unos pocos años. Para este año se estima que ascenderá a US$ 88 millones, equivalentes a casi el 9% de su presupuesto de casi US$ 1.000’, cifra que se ha duplicado durante los últimos diez años. En proyección pasiva, ese desequilibrio llegaría incluso a los US$ 280’ o 300’ hacia el bienio 2009-2010, con lo que aparentemente esta institución no resulta ser precisamente un ejemplo de lo que siempre nos ha predicado. ¿Cómo entender que el ‘prestamista de última instancia’ pueda tener dificultades financieras? Básicamente por tres motivos.

De una parte, porque los países se están portando cada vez mejor, siguiendo el recetario del Consenso de Washington a pie juntillas e incluso exagerando sus mandamientos. Pero, lo que lo explica quizás mejor, es la bonanza económica internacional del último trienio, que ha llevado a alzas drásticas en los precios de las materias primas, a la atracción masiva de inversiones extranjeras y a un boom relativamente generalizado de exportaciones que favorecen a los países periféricos, básicamente China e India, a los grandes exportadores de petróleo e incluso a los satélites de la órbita de la fenecida Unión Soviética y a la propia América Latina. Lo que les ha permitido acumular Reservas Internacionales Netas (RIN) en cantidades exorbitantes. Esta acumulación tipo Rico McPato responde a los traumas que los ofuscan desde la explosión de las sucesivas e inesperadas crisis financieras y sus contagios regionales acaecidos durante los últimos años: México (1995), Sudeste-asiático (1997), Rusia (1998), Brasil (1999) y Argentina (2001), sin contar la de Turquía. Razonablemente, estos países y los demás considerados ‘emergentes’ han decidido sustituir el soporte que le daban los fondos del FMI y otras fuentes de financiamiento por aquellos provenientes de sus propias RIN, aunque su rendimiento sea miserable. Lo que es un gran avance por la autonomía relativa que les otorga, política y económicamente.

De otra parte les ha afectado el hecho de que muchos gobiernos han decidido adelantar el íntegro del servicio de las deudas que tenían con el FMI, con lo que quedan fuera de su ámbito de influencia, ahorrándose los intereses correspondientes. En América Latina esas devoluciones se han dado por montos sustanciales. El 13 de diciembre pasado Brasil, hasta entonces el mayor deudor del FMI, canceló prematuramente y de buenas maneras todas sus deudas con el organismo por un monto de US$ 15.500 millones, ahorrándoles intereses por US$ 900’. Ese mismo camino fue seguido por Argentina dos días después, apoquinando US$ 9.800 millones, de malas maneras, liberándolos de US$ 850’ en intereses. Uruguay acaba de anunciar que hará lo mismo en estos días, por la suma de US$ 1.100’. Con lo que los intereses que el FMI puede ganar por sus préstamos se han encogido drásticamente. Baste observar la evolución de los montos que se le debía al FMI hasta hace poco, cifra que llegó a su pico a fines de 2003, en que equivalían a US$ 72.000 millones, los que cayeron a US$ 64.000’ en 2004 y a US$ 34.700’ en 2005. Al 31 de octubre de este año apenas se le deben US$ 15.300 millones; es decir, ¡solo un 21% de lo que se le adeudaba hace tres años!. Para colmo, de ese monto un 80% corresponde a la deuda que le tiene Turquía (US$ 12.200’).

Finalmente, el déficit creciente puede atribuirse también a un aparente exceso de gastos por parte del FMI, aunque la institución lo atribuye a las ‘nuevas funciones’ que se le han asignado en años recientes, como la supervisión y control del lavado de dinero. Piénsese, sin embargo, solamente en el personal con que cuentan, que ha aumentado de 1800 personas en 1990 a 2700 en este momento. Y mejor no hablemos de los sueldos que cobra su personal.



Con lo que el FMI, ese médico, gendarme y bombero financiero global, prácticamente se ha quedado sin clientela y va rumbo a la quiebra, no solo financiera, sino también moral y política, lo que ha desembocado –según los expertos- en una ‘crisis de identidad’. De manera que el FMI deberá adoptar irremediablemente una serie de medidas para cubrir sus déficit crecientes, una de las cuales sería precisamente la venta de parte de sus stock del metal precioso, la que equivale al 14% de la producción mundial anual. Ante ese peligro inminente hay razones para que cunda el pánico, recordando que ya en 1976 y 1980 el Fondo vendió muchos millones de onzas, aunque por otros motivos. Pero también las hay para que no se materialice la temida propuesta, puesto que a EEUU no le conviene la caída consecuente del precio del oro, dado que es el tercer productor mundial del precioso metal (y el primero en reservas efectivas), con una participación –al 2005- del 10,4% del total, después de Sudáfrica (11,8%) y Australia (10,4%), y antes de China (8,9%), Perú (8,2%), Rusia (7,2) e Indonesia (6,6%). Y, como para aceptar una decisión de este tipo se requiere un 85% de los votos del Directorio Ejecutivo (compuesto por 24 miembros), EEUU puede fácilmente imponer el veto, ya que posee el 17% de los votos.

Si esa salida no es políticamente viable, el FMI debe estarse preguntando: ¿Y ahora quién podrá defendernos? A no ser que se aparezca el Chapulín Colorado tendrá que probar de su propia medicina. La automedicación requeriría una reducción drástica de su excesivo personal y, siguiendo el liderazgo peruano, podría reducir los sueldos y viáticos a la mitad. Otra posibilidad para que no caigan los precios del oro consistiría en convencer a los Bancos Centrales para que, en vez de bonos del Tesoro, adquieran esas barras preciosas que requiere vender el FMI. También se ha sugerido aumentar la ‘contribuciones’ de algunos de los 184 países miembro del Fondo a su ‘capital social’; pero este sería un proceso muy engorroso porque implicaría una modificación de sus cuotas (y los votos). Finalmente, entre muchas otras sugerencias, hay quienes dicen que la institución podría dedicarse a administrar las RIN de los países que así lo deseen, asegurándoles un rendimiento mayor a cambio de sustanciales comisiones. Veamos lo que sucede, ya que aún habrá que esperar unos tres o cuatro meses para cuando se evacue el informe de una comisión de alto nivel (en la que participa Alan Greenspan) designada por el FMI para evaluar la conveniencia de la venta de oro.

Por supuesto que sigue abierto el tema sobre la necesidad de mantener o cerrar la gran institución financiera internacional, pero eso ya es materia de otro costal (estamos seguros que Wal Mart compraría el edificio de 8 pisos ¡para vender productos chinos!). Sin duda, que ya no haya incendios en la gran mayoría de países (a excepción de EEUU, pero con la que evidentemente el FMI encoge el rabo) no quita que se mantenga a los bomberos. Pero, sin duda, es necesario cambiar la forma en que se lleva a cabo la ‘programación financiera’, para que no todos los programas de ‘asistencia financiera’ del Fondo lleven siempre a recesión. Para lo que habrá que modificar los modelos macroeconómicos que le sirven de base –sea el de Polak o el de Robichek- a fin de incorporar variables sobre el impacto que las medidas de ajuste y estabilización ejercen sobre la inflación y el crecimiento económico.




[1] Christopher Swann, “IMF Should Sell Gold to Cover Looming Losses, Directors Say”, Bloomberg, noviembre 22, 2006.

Lima, noviembre 22, 2006.



Fuente: 'El Comercio', noviembre 25, 2006; p. B3 (versión levemente recortada).

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POSDATA... 14 MESES DESPUÉS:

FINANCE & ECONOMICS

The IMF downsizes (www.economist.com/research/articlesBySubject/PrinterFriendly.cfm?story_id=10659240)

It's Mostly Firing

Feb 7th 2008 | WASHINGTON, DC
From The Economist print edition


The dispenser of austerity is forced to tighten its own belt

THE letters IMF, goes an old jibe, stand for “It's Mostly Fiscal”. The International Monetary Fund has a long-standing reputation for dispensing nasty budgetary medicine to countries in economic distress. Whatever the problem, goes the caricature, well-paid bureaucrats from 19th Street demand that spending be cut.

This caricature may need revising. The fund has suddenly become a fan of fiscal stimulus. Its new boss, Dominique Strauss-Kahn, a former French finance minister, wants a fiscal boost—in America and other countries—to combat the risks of global recession. “Medium-term fiscal policy is all about saving for a rainy day,” Mr Strauss-Kahn argued in a recent commentary in the Financial Times. “It is now raining.”

And just as he is touting stimulus abroad, Mr Strauss-Kahn is demanding austerity at home. For the IMF finds itself in a big fiscal hole. Its $1 billion budget is traditionally funded by the small profit it makes on lending money to cash-strapped countries. But IMF lending has collapsed in recent years as developing countries have improved their economic management. As a result, the fund looks set to run a deficit of some $400m a year for the foreseeable future.

The organisation still has a fat cushion of reserves to draw on, but clearly its business model needs to change. Last year a group of “wise men” suggested creating an endowment to fund the IMF's expenses by selling some of its large gold stocks. Such a move requires the approval of the fund's member countries, which means a vote by America's Congress. Mr Strauss-Kahn, it seems, reckons he has a better chance of achieving that if the IMF develops its own cost-control plans quickly.

So the fund is downsizing. Some $100m is to be saved by getting rid of 380 staff, a reduction of around 15%. Preliminary documents obtained by The Economist suggest big cuts in most departments, and particularly among managers. Many departments, it seems, need to reduce their headcount of “B” level staff by 30-40%.

Addressing employees this week, Mr Strauss-Kahn said he hoped many departures would be voluntary. Few insiders think that is likely: the pay-offs, they moan, are too stingy, and with financial markets in turmoil, alternative employment options look grim. But for outsiders it is hard to resist a wry smile. The dispensers of fiscal rectitude are finally getting a taste of their own medicine.

¿QUÉ LES PARECE?




miércoles, noviembre 22, 2006

¿Un Directorio de 'técnicos independientes' para el BCR?

En el transcurso de los últimos meses, mientras corrían los políticamente interesados rumores sobre la nueva configuración del directorio del Banco Central (BCR), connotados economistas y analistas políticos han repetido hasta la saciedad la importancia de constituirlo con personas ‘técnicas e independientes’, además de ‘pragmáticas’. Lo que, a primera vista, suena sensato si recordamos diversas experiencias pasadas, en que el directorio era una secretaría directa y pasivamente dependiente de la presidencia de la república y/o de grandes intereses privados. Lo que, en no pocos casos, llevó a procesos de alta inflación e, incluso –precisamente durante la anterior gestión del actual partido de gobierno- a la mayor hiperinflación de la historia latinoamericana.

En la práctica, sin embargo, no existen tales ‘técnicos’ en abstracto, ni muchos menos son humanamente posibles los ‘independientes’. Para entender esta afirmación aparentemente radical, debe quedar claro que el métier de los economistas es muy distinto al que ejercen veterinarios, gasfiteros o anestesiólogos. Si bien en la ciencia económica todos coinciden en que, en el largo plazo, la inflación es ‘siempre y en todo lugar un fenómeno monetario’ (Milton Friedman dixit), las discrepancias aparecen cuando se discuten sus causas en el corto y mediano plazo, y –sobre todo- al momento de evitarla o enfrentarla con determinadas políticas, que pueden ser múltiples. De donde se tiene que las medidas que propondrán dependerán, tanto de los juicios de valor como de la ‘escuela’ económica a la que pertenezca el profesional. Ya lo decía socarronamente Sir Winston Churchill: “Cuando consulto a dos economistas sobre un tema, me dan dos opiniones contrapuestas... a menos que uno de ellos sea Lord Keynes, en cuyo caso recibo tres”.

En lo que a nuestro tema concierne, por tanto, no existen muchas coincidencias –con algunas notables excepciones- entre los economistas de distintas escuelas, ni en cuanto a las causas de la inflación, ni en torno a los mecanismos y las medidas para evitarla o enfrentarla. Por más técnicos ascépticos que sean, permanecerán las diferencias entre ellos y por más ‘pragmáticos’ –ese gran término de moda- que se consideren; porque, como ya lo dijera Keynes en la última página de su Teoría General, esos “hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”.

Más sorprendente aún resulta la propuesta de la necesidad de llamar a ‘independientes’ al directorio del BCR. Como, de acuerdo a su Ley Orgánica no es posible nombrar ángeles o madres teresas, deben elegirse personas que viven sobre el planeta y que así como tienen hijos y amigos, con todo derecho poseen también inclinaciones partidarias e ideológicas específicas. De manera que, a pesar de que los directores del BCR son personas de gran prestigio político, académico o empresarial, resulta inverosímil que los jueves en la tarde de todas las semanas –cuando se realizan las sesiones del directorio- se deshagan temporalmente de todo color político e interés y vistan mamelucos para adoptar decisiones ‘independientes’ y ‘técnicas’, condimentadas por altas dosis de ‘pragmatismo’. No hay nada de malo en ello, siendo lo más natural que tengan –ya que trabajan todos ‘por el bien del país’, aunque cada cual a su manera- ciertas preferencias políticas y por una escuela económica (aunque algunos no tengan plena conciencia de ello) y, por tanto, propongan medidas diferenciadas para asegurar la estabilidad monetaria, objetivo supremo del BCR.

Bajando a tierra, ¿qué significa todo esto para el caso de estos siete directores que se nombran por el presidente (4) y se eligen por el congreso (3)? No vamos a llorar sobre la leche derramada, pero sí podemos pensar en criterios para el futuro, que deberían plasmarse en algún artículo de la Ley Orgánica del BCR, entre otras muchas reformas que requiere ésta, así como la propia Constitución en esta materia. Tentativamente habría que asegurar que sus miembros sean escogidos, mínimamente, en base a dos criterios combinados y específicos. Se me ocurre que, de una parte, deben ser economistas con postgrado y preferentemente especializados en economía monetaria o banca y finanzas y, del otro, el haber sido funcionarios –por un buen tiempo- en el sector público, concretamente en el MEF o la SBS y, preferentemente, en el propio BCR. Mejor aún, si han tenido experiencia en el sector privado. De donde se desprende un perfil del profesional idóneo para ejercer el cargo a plenitud, supuesta su honestidad y responsabilidad.

Porque, de lo contrario, ¿puede usted imaginarse cómo podrían entender y decidir sobre los principales temas que se discuten en el directorio? ¿Entenderán la regla de Taylor y la forma en que se determina el programa monetario? ¿Qué opinión tendrán sobre el ‘nivel óptimo’ de reservas internacionales netas? O, ahora que se va a firmar un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, ¿cómo interpretarán las metas trimestrales negociadas y las demás condicionalidades derivadas de la ‘programación financiera’? Al margen de que, en la práctica, las discusiones en el directorio se dan entre directores con distintos modelos y proyecciones macroeconómicas, con divergentes juicios sobre la coyuntura doméstica e internacional, y con distintas preferencias políticas y vinculaciones a grupos económicos o políticos. Como el Banco Central no puede ejercer una política monetaria en mayoría y otra en minoría, el directorio estará obligado a llegar a consensos a través de concesiones y compromisos (con un mínimo de cuatro votos sobre los siete) y solo pueden ser realizados por economistas (expertos en la materia) que entienden lo que están haciendo y lo que esta en juego. Sería muy triste (y de gran riesgo para el país) que uno o dos miembros del directorio, quizás de una misma línea y expertise, decidan todo y los demás les tengan que seguir la corriente por su falta de preparación. Siete cabezas enteradas siempre piensan mejor que una sola, por más grande que esta sea. Mañana, en el pleno del congreso, aparentemente se llevará a cabo el parto de los montes, digo la elección del trío que completará el directorio. Esperemos que, por una vez, nuestros flamantes parlamentarios se iluminen, concientes de que el BCR es –aún- una de las pocas oficinas serias y respetadas que sobrevivieron a la interesada desinstitucionalización de los organismos públicos que se procesara durante los años noventa.

Fuente: Gestión, noviembre 22, p. 15.

Lima, noviembre 15, 2006.

viernes, noviembre 17, 2006

BCR: Apuntes sobre el carácter 'técnico' e 'independiente' de su Directorio

Una y otra vez, en el transcurso de los últimos meses, mientras corren los interesados rumores sobre la nueva configuración del directorio del Banco Central (BCR), connotados economistas han repetido hasta la saciedad la importancia de constituirlo con personas ‘técnicas e independientes’. Lo que, a primera vista, suena aparentemente sensato si recordamos muchas experiencias pasadas, en que el directorio era una secretaría directa y pasivamente dependiente de la presidencia de la república y/o de grandes intereses privados. Lo que, en no pocos casos, llevó a procesos de alta inflación e, incluso –precisamente durante la anterior gestión del actual partido de gobierno- a la mayor hiperinflación de la historia latinoamericana.

En la práctica, sin embargo, no hay tales ‘técnicos’, ni muchos menos son humanamente posibles los ‘independientes’, en el sentido que conciben estos términos los analistas más ortodoxos. Para entender esta afirmación aparentemente radical, debe quedar claro que la ciencia económica no es equivalente a la ingeniería civil o la veterinaria, cuyos profesionales poseen recetas prácticamente únicas –es decir, técnica y universalmente válidas- para construir puentes o curar vacas, respectivamente. En economía la situación es muy distinta, cuando menos por dos motivos, que deberían recordar los que propugnan la ‘independencia técnica’ del BCR.

De una parte, siguiendo la célebre dicotomía establecida por Milton Friedman (basada, a su vez, en los lineamientos filosóficos del racionalismo crítico de Kart Popper), nuestros ortodoxos criollos ya parecen haber olvidado la esencial distinción entre la economía ‘positiva’ –referida a la teoría económica, supuestamente universal y objetiva- y la economía ‘normativa’, que está ligada a la política económica, en la que inevitablemente se tienen que adoptar juicios de valor. En la medida en que la política monetaria es parte de esta última, es inevitable la componente subjetiva y, por tanto, las diferencias de opinión. Por más que todos coincidan sobre las causas de la inflación -que ‘siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario’ en el largo plazo-, las divergencias aparecen al momento de evitarla o enfrentarla con determinadas políticas, que pueden ser múltiples.

De otro lado, para quienes no creemos en la existencia de una economía ‘positiva’, es decir en una teoría económica única y universalmente válida en tiempo y espacio, aparece otro problema metodológico que impide la existencia de ‘técnicos’ propiamente tales; es decir, de economistas ascépticos y poseedores de una verdad única. Y es que en la práctica, existen las más variadas ‘escuelas’ de pensamiento económico, e incluso al interior de cada una de ellas se dan diferencias fundamentales, condicionadas por irreconciliables ‘paradigmas’ o ‘concepciones del mundo’ y de la economía. Lo que hace inevitable que existan opiniones contrapuestas entre los economistas, ya no solo sobre la parte ‘normativa’ (en este caso, de la política monetaria), sino asimismo en relación a las causas específicas y los mecanismos de transmisión de los procesos económicos (en este caso de la inflación). Ya lo decía Sir Winston Churchill: “Cuando consulto a dos economistas sobre un tema, me dan dos opiniones contrapuestas; a menos que uno de ellos sea Lord Keynes, en cuyo caso recibo tres”.

En tal sentido, contra lo que opinan nuestros economistas más serios, no coincidimos con un enfoque de la ciencia económica como ‘ingeniería social’ y, mucho menos, con la posibilidad de un Pensamiento Único. Obviamente para los ‘ortodoxos’ neoclásicos solo existe una teoría digna de ser llamada como tal, por lo que piensan que no hay alternativas. Con lo que, en la práctica, se asemeja cada vez más a una religión, con su vaticano y su biblia propios, sus iglesias y sus santos particulares, y demás parafernalia que ayudaría a afianzar la fé en el paradigma dominante. Los que piensan diferente son expulsados de la confraternidad, son completamente ignorados o, en el mejor de los casos, se intenta exorcizarlos.

Este problema es aun más grave si tenemos en cuenta que incluso al interior de una escuela económica existen matices y hasta diferencias irreconciliables. Por ejemplo, pensemos en las divergentes concepciones monetarias de economistas neoclásicos como el monetarista Milton Friedman y el neo-austriaco Friedrich von Hayek. El primero siempre ha creído en la Teoría Cuantitativa del Dinero (modificada) y ha sostenido que la política monetaria debía ser automática “con tasas fijas de crecimiento de la masa monetaria –de mes en mes, de año en año- (porque) ofrece un marco monetario estable para el crecimiento económico, sin ser ella misma factor disociador o fuente de inestabilidad”; mientras que el segundo era contrario a la teoría cuantitativa e, incluso, lanzó la idea de que había que eliminar los Bancos Centrales (lo denominaba ‘desnacionalización del dinero’) y que los bancos privados se ocuparan –compitiendo entre sí- de emitir el dinero requerido por la sociedad.

En lo que a nuestro tema concierne, por tanto, no existe coincidencia –con algunas notables excepciones- entre los economistas, ni en cuanto a las causas de la inflación, ni en torno a los mecanismos y las medidas para evitarla o enfrentarla. Por más ‘técnicos’ y científicos que se consideren, permanecerán las diferencias entre ellos, aunque compartan las mismas metas macroeconómicas, especialmente en relación a lucha contra la inflación y el desempleo. Un economista o cualquier miembro del BCR no puede compararse con un electricista o gasfitero, los que sí podrían definirse como técnicos en el sentido estricto de la palabra. Pero, al ejercer la profesión del economista se es mucho más que eso, se hace también y sobre todo ciencia y bastante más arte, en que el criterio puede variar y ajustarse a una serie de condiciones, según la escuela a la que uno pertenezca. Incluso, como muchos se autocalifican de ‘pragmáticos’, esos “hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto”, como lo afirmara Keynes en la última página de su Teoría General.

Más sorprendente aún resulta la propuesta de la necesidad de llamar a ‘independientes’ al directorio del BCR. Como, de acuerdo a la Ley Orgánica del BCR, no es posible nombrar ángeles o madres teresas, deben elegirse personas que viven en la tierra y que así como tienen hijos y amigos, con todo derecho poseen también preferencias partidarias e ideológicas específicas y diferenciadas. Más aún, pueden ser simpatizantes o miembros de un partido político y hasta pueden haber colaborado con el plan de gobierno de alguno (digamos, y solo es un decir, del PPC), pueden ser empresarios que trabajan en el sector agroindustrial exportador o en el sector farmacéutico importador (otro decir), pueden ser empleados públicos o desempleados privados, pueden ser académicos de una universidad pública o privada o pueden ser varias combinaciones de los anteriores. En tal sentido resulta difícil que sean independientes, no tanto porque no son máquinas, como porque poseen –conciente o inconscientemente- ideologías e intereses y, por tanto, propuestas de política determinadas. Lo importante es que los directores sean coherentes con sus puntos de vista ideológicos y que sepan (y estén en condiciones de) discutir y decidir sobre temas tan complejos como los que se tratan en los Directorios del BCR.

De manera que, en resumen, a pesar de que los directores actuales (y los que se nombrarán) del BCR son personas inteligentes y trabajadoras, resulta inverosímil que los jueves en la tarde de todas las semanas –cuando se realizan las sesiones del directorio- se deshagan temporalmente de todo color político e interés y vistan mamelucos para adoptar decisiones ‘independientes’ y ‘técnicas’. Lo que, por supuesto, no tiene nada de malo, siendo lo más natural que tengan –ya que trabajan todos 'por el bien del país', pero cada cual a su manera- ciertas preferencias por una escuela económica (aunque algunos no tengan plena conciencia de ello) y, por tanto, propongan técnicas y políticas específicas para afrontar los problemas nacionales, en este caso la estabilidad monetaria, objetivo supremo del BCR. Lo importante es que sus argumentos y propuestas sean consistentes con su ideología, más que con sus intereses personales, los que deberían dejar (ojalá así sea y no se tenga que volver a encarcelar a un Presidente y a un Gerente del BCR como los que ejercieron el cargo durante el anterior gobierno aprista) en la puerta del garaje de acceso al edificio del Jr. Miró Quesada.

Bajando a tierra, ¿Qué significa todo esto para el caso concreto del directorio nombrado en esta oportunidad por el gobierno y el congreso? En primer lugar, que el presidente de la república –traumado por la experiencia hiperinflacionaria pasada y porque aparentemente no sabe de economía y probablentemente tampoco le interesa- decidió nombrar a un economista ortodoxo que tiene experiencia en la materia (se podría decir que es un técnico ideológico), que aseguraría la confianza del empresariado y que puede jugar en pared con el ministro de economía, que es de la misma extracción ideológica, con lo que se podrá alinear la política monetaria con la fiscal. Por ese lado, pues, no habría problema. En segundo lugar, ha nombrado directamente o ha hecho nombrar (por el congreso) a miembros de su partido por fidelidad y agradecimiento, aunque no todos puedan entender mucho de los aspectos ‘técnicos’ de la banca central. Finalmente, también ha nombrado a empresarios, lo que asienta la confianza que se ha ganado el gobernante de parte de los poderosos gremios capitalistas que representaría.

No vamos a llorar sobre la leche derramada, pero sí podemos pensar en criterios para el futuro, que deberían plasmarse en algún artículo de la Ley Orgánica del BCR, entre otras muchas reformas que requiere ésta, así como la propia Constitución en esta materia. Tentativamente habría que asegurar que sus miembros sean escogidos en base a dos criterios combinados, pero específicos. Se me ocurre que, de una parte, deben ser economistas con postgrado y preferentemente especializados en moneda y finanzas y, del otro, el haber sido funcionarios –por un buen tiempo- en el sector público, concretamente en el MEF o la SBS y, mejor aún, en el propio BCR. De donde se desprende un perfil de profesional idóneo para ejercer el cargo a plenitud, supuesta su honestidad y responsabilidad. A ese respecto se nos ocurren muchos nombres que calzan perfectamente con esa caricatura, y de los que contamos con unos cincuenta potenciales candidatos de las más diferentes ideologías, escuelas e intereses, tales como Gianfranco Castagnola, Benedicto Cigueñas, Elmer Cuba, Félix Jiménez, Claudio Herzka, Waldo Mendoza, Guillermo Runciman, José Távara y similares.

¿Usted se imagina cómo podrían entender y decidir sobre los principales temas que se discuten en el directorio los que no cumplen con esos requisitos? ¿Entenderán la regla de Taylor y la forma en que se determina el programa monetario? ¿Qué opinión podrían tener sobre el ‘nivel óptimo’ de reservas internacionales netas? O, ahora que se va a firmar un nuevo acuerdo stand-by con el FMI, ¿cómo interpretarán las metas trimestrales negociadas y las demás condicionalidades implícitas en la ‘programación financiera’? Etcétera.

Versión extendida del texto anterior, publicado en 'Gestión'.

lunes, noviembre 13, 2006

Riesgo País y 'Riesgo Sociedad'

Es muy probable que a la gran mayoría de ciudadanos se le haya escapado uno de los principales objetivos, por no decir el primordial, del presente gobierno. Tal como fuera anunciado en el mensaje presidencial inaugural del 28 de julio pasado: “Nuestra meta es lograr que nuestro país tenga el nivel del grado de inversión, es decir el nivel financiero de un país sólido al que puede venir más capital barato para crear más empleo, pero con menor costo”. Este ‘grado de inversión’ es un jeroglífico muy significativo para entender la trayectoria de políticas –más allá de las puramente económicas- que adoptaría el gobierno a lo largo del presente quinquenio.

Ese ‘grado de inversión’ se deriva, con algunos ajustes que incluyen variables políticas, del denominado ‘riesgo país’, que mide la sobretasa que paga un país por sus bonos en relación a la tasa que rinden los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, es la diferencia existente entre el rendimiento de un título público emitido por un gobierno de un país ‘emergente’ y un título de características similares del Tesoro de los Estados Unidos, que -se supone- no tiene riesgo alguno (Ver Gráfico I, adjunto). En última instancia, para decirlo en sencillo, ese peligro-país o ‘prima de riesgo’ representa un aproximado de la potencial tasa de ganancia que pueden obtener las empresas al invertir en (o prestar a) un país o de las posibilidades de repago de la deuda externa por parte de una determinada economía. A menor riesgo país, así se piensa, mayor confianza se puede tener en él la empresa privada, sea productiva o financiera; esto es, mejores serán las posibilidades para invertir con sobreganancias y/o de recuperar las onerosas deudas que ha contraído el país. Como tales, estos índices –su configuración, su medición y su uso- responden básicamente a los intereses y las inquietudes (es decir, las ganancias) de los inversionistas y acreedores.

Ese índice de inseguridad relativa es estimado por distintas entidades, sean empresas calificadoras internacionales de riesgo (J.P. Morgan, Moody’s o Standard & Poor’s) o revistas especializadas en finanzas (Euromoney o Institutional Investor). Si bien cada una usa un método algo distinto, generalmente llegan a resultados similares. En nuestro caso estamos presentando aquí la evolución del EMBI+ (Emerging Market Bond Index), que es el índice general de riesgo elaborado por J.P. Morgan para determinadas economías ‘emergentes’. Estas instituciones se convierten, así, en los ‘electores globales’, que van a las urnas en Nueva York, votan cada día, poseen los DNI de casi todos los países y tienen la capacidad de vetar a Presidentes, Ministros y países enteros de la periferia mundial. Por lo que nuestros gobernantes toman muy en cuenta sus criterios de evaluación ‘soberana’ en materia económica y política: estabilidad macroeconómica y paz social, como fines últimos.

Es así como este gobierno ha escogido de motu propio e inconsultamente este criterio aparentemente objetivo, proveniente de las calificadoras de riesgo para que se le evalúe, aún sabiendo que refleja preferencias que responden, no a los ciudadanos peruanos que lo eligieron, sino las de los ‘electores globales’; es decir, no solo de las calificadoras de riesgo, sino uno acto de los intereses del gran capital transnacional y de los grupos nacionales de poder que indirectamente representan sus puntos de vista.

Nuestro actual presidente ha aprendido esa lección. A pesar de que en su Mensaje declaró que “hoy están agotados los criterios del que fue llamado ‘Consenso de Washington’”, no vemos sino políticas que se ajustan a pie juntillas a ese recetario y al que se añaden algunas otras, como la ‘flexibilización laboral’, el intento de recortar los ‘sobrecostos laborales’, la liberación absoluta del tipo de cambio (con lo que se caería al piso), la exoneración del pago de regalías a las grandes mineras, la negativa a imponer un impuesto a las sobreganancias, el ataque a ONGs que solo se preocupan de asuntos esotéricos como el medio ambiente o los derechos humanos en vez de alentar la producción nacional... entre otras medidas que permitirían aumentar la tasa de ganancia de las transnacionales. Y es así como ahora nuestro partido del pueblo ya no solo se fije en las encuestas nacionales de opinión, que le sirvieron de brújula para llevarnos al fiasco de su primer gobierno, sino que su principal preocupación es quedar bien parados en las encuestas de aquellos ‘electores universales’.

En tal sentido este gobierno –que no sé porqué se lo critica tanto- se ha convertido en el ideal a seguir en América Latina, dada la magistral simbiosis que han logrado configurar entre la acción de los operadores políticos del partido de gobierno (dizque socialdemócrata) y la aplicación de programas económico-políticos conservadores específicos, que una coalición como Unidad Nacional (UN) no habría tenido la capacidad de conducir políticamente sino a costa de masivas movilizaciones regionales y sociales... y las brutales represiones consecuentes. Con ese manejo sofisticado y equilibrado (en que incluso los principales ministerios y organismos ‘económicos’ son ocupados por miembros o acólitos de UN, dizque socialcristiana) seguramente bajará el riesgo país, aunque caigan las condiciones de vida de la población y se debiliten los esfuerzos por fortalecer la democracia, como lo hemos experimentado en el país durante los últimos treinta años de estabilización y ajuste neoliberal, de pauperización e informalidad, de represión y clientelismo.

Pasando a temas más serios, como se puede observar en el diagrama adjunto, respecto al quinquenio anterior (1998-2002) el riesgo país ha disminuido drásticamente desde el año 2003 en adelante, tanto en los países emergentes seleccionados (línea verde), como en los de América Latina (gris) y del Perú (roja). Es interesante observar la correlación positiva existente entre las primas de riesgo de esos tres grupos de países. Lo que hace pensar que, más que factores internos, parecerían ser factores internacionales –exógenos a las economías latinoamericanas- los que determinan el mencionado riesgo.

Caben dos hipótesis para explicar este curioso fenómeno, a pesar de las enorme diferencias económicas y sociopolíticas existentes entre los diversos países. De una parte, esa tendencia conjunta se explicaría precisamente por el denominado proceso de globalización, a consecuencia del cual –especialmente por la apertura irresponsable de las cuentas de capitales a lo largo de los años noventa- la interdependencia entre países ha aumentado drásticamente, debilitando sus mecanismos de defensa frente a crisis internacionales. Desde esta perspectiva el riesgo aumenta cuando se presenta una crisis internacional (como la que se dio en el trienio 1997-99) o de una recesión de los EEUU (2001-2002 y la que sobrevendrá a mediados del 2007), mientras que disminuye cuando se calman las aguas a nivel global o se recupera la economía del Imperio. Ya que el EMBI+ agrupa a países emergentes, cuando alguno incumple o cesa sus pagos, inmediatamente se genera un efecto manada que afecta –para mal- a los demás del grupo. En cambio, contra lo que se piensa a menudo, parecen tener menor importancia los ‘ruidos’ internos a cada país (que, en parte, están escondidos en los promedios), en que obviamente las excepciones constatarían la norma (como el éxodo de Fujimori a fines del 2000, en que nuestro riesgo país subió y se plegó al de los demás).

La otra hipótesis, bastante menos convincente, es que las calificadoras de riesgo ponen en un mismo saco a las ‘regiones’ (en particular, a toda América Latina y el Caribe) y que las leves diferencias entre países sí se deben a factores endógenos a cada economía. A ello se añade el hecho de que estas calificadores generalmente no son lo independientes que se cree, dado que son propietarias de bancos, entidades financieras y otras empresas, por lo que buscarían calificaciones sesgadas –para bien o para mal- para los países en que poseen intereses específicos. Tampoco son lo ‘científicas’ que se consideran, dado que se elaboran en base a entrevistas a personalidades de sesgado perfil, a información seleccionada del internet, a ejercicios Delphi, etc.

Desde esos datos, más unos más complicados de corte político y olfativo, los electores globales se convierten en maestros universales (de Kindergarten) que aplican calificaciones en escritura cuneiforme (que varían entre calificadoras) y que usted puede observar en el Gráfico II, en que se debe llegar –cuando menos- a la nota Baa1 (que poseen Chile y México) para alcanzar el ansiado grado de inversión. Y, si quiere llegar al Nirvana, es decir, a la ‘A’ del primero de la clase, debe alcanzar sucesivamente calificaciones ascendentes, escalón por escalón. Obviamente también puede caer en el ranking, a niveles de ‘D’ y hasta de ‘E’, que ya es para los parias del sistema financiero internacional.

Para terminar, es evidente que se requieren otros criterios para medir el riesgo país (y el ingenuamente anhelado grado de inversión), porque el índice actual es un gran riesgo para la supervivencia de la mayoría de ciudadanos. El verdadero riesgo país debe buscarse en otros aspectos ligados al desarrollo nacional más que al del bienestar del capital, como son los altos niveles de pobreza y exclusión, la desigual distribución del ingreso y de la riqueza, la exclusión social y la discriminación étnica... así como, en no menor medida, al comportamiento de los grandes empresarios miopes que tanta capacidad vienen mostrando para generar conflictos internos inútiles. Afortunadamente hace poco un grupo interdisciplinario de investigadores y activistas de primera línea publicaron un magnífico texto que puede servir de base para calcularlo para el Perú: se trata de El Otro Riesgo País – Indicadores y desarrollo en la economía global (Montevideo: Editorial Coscoroba, 2005), compilado por Eduardo Gudynas, con contribuciones de Alberto Acosta, Margarita Flórez, Denise Gorfinkiel y Rocío Lapitz (texto que puede usted leer e imprimir completo desde: http://www.economiasur.com/publicaciones/OtroRiesgoPais.html).







Fuente: El Comercio, noviembre 12. Reimpreso (versión más extensa) en La Insignia, noviembre 13.

miércoles, noviembre 08, 2006

Salarios de Hambre y Sobrecostos Caviar

Una y otra vez los gremios empresariales y los analistas económicos más ortodoxos cuestionan los aparentemente exagerados ‘sobrecostos’ laborales. Los que reducirían nuestra competitividad internacional y contribuirían a una mayor informalidad y al deterioro de la de por sí pésima distribución del ingreso entre la clase trabajadora. Para ese efecto muestran porcentajes de costos extra-salariales (vacaciones, gratificaciones, CTS, seguros y demás) que llegan a niveles que superan a las remuneraciones básicas en porcentajes elevados. En América Latina van desde el 50 al 80% en los casos de Argentina, Perú y Brasil, frente a los relativamente bajos costos no salariales de México y Chile (de 25 a 35%).

Inteligente o interesadamente se presentan cifras en términos porcentuales, lo que no permite establecer los costos promedio absolutos por trabajador. Por lo que esos comentaristas olvidan señalar que los países que tienen ‘excesivos’ sobrecostos, la remuneración básica también es mucho menor a la de las demás economías, con lo que se compensan parcial o plenamente los costos laborales promedio. A manera de ejemplo y asumiendo igual calidad del trabajo, si un obrero gana 700 soles de básico con 65% de sobrecosto (S/. 1.155), le sigue costando menos a un empresario que uno que recibe 1000 soles y un añadido del 25%. Tampoco se hace notar la paupérrima proporción que representan las remuneraciones en el Producto Interno Bruto (PIB), según el INEI: 23% en 2005 (1991: 30%).

Por lo demás, habría que decir que resultan muy peculiares esos empresarios gemebundos, puesto que en la práctica el demandante sensato de fuerza de trabajo se supone que ajusta el salario básico considerando los sobrecostos, de manera que equivalga finalmente a la remuneración total de ‘equilibrio’. Dado que los pagos por vacaciones, gratificaciones, CTS y seguros existen hace años, el empresario contrata al trabajador considerando estos costos adicionales, sobre la base de los cuales –contemplando la productividad- fija el salario básico para maximizar sus ganancias. En cuyo caso multiplica el salario básico por 16 o 17 y obtiene –dividiendo el resultado entre 12- la remuneración mensual y el costo por trabajador. Los aumentos que dará cada año se fijarán en función a los aumentos de productividad (por lo menos en teoría), considerando nuevamente la remuneración total; es decir, incluidos los llamados sobrecostos. Y, al revés, en casos de recesión, congelaría los básicos por un tiempo, aunque estén encima del equilibrio... cuyas pérdidas –de darse efectivamente- podrán recuperar con creces en las fase de auge del ciclo económico. Más aún, al primer semestre del año en curso, respecto a 2000, el salario promedio real cayó en los países con ‘altos sobrecostos’: en 3,1% en Argentina y en 16,1% en Brasil, vis a vis los aumentos de 8,6% en México y 10,3% en Chile, tendencias claramente consistentes con la hipótesis planteada. Obviamente las pequeñas y microempresas no pueden accionar en base a esa norma, ya que apenas pueden pagar el salario mínimo, si es que lo hacen.

Pero, curiosamente, las empresas que más se quejan son precisamente las grandes, las agremiadas, las que tienen voz, las que están insertas en el gobierno o gozan de sus favores. ¿Cómo explicar esta actitud aparentemente irracional? Una primera hipótesis obvia es que se debe a la competencia global que se ha generado por la indiscriminada y abrupta apertura externa y la liberalización comercial de los años noventa, que tan aplaudida fuera en su momento, sin que para ello se hubieren preparado previamente los empresarios y el Estado, por lo que -debido a su deficiente competitividad- tienen problemas para ingresar a la mayoría de mercados foráneos. La otra hipótesis es que, en el transcurso de las últimas décadas, la fuerza laboral mundial se ha duplicado, con lo que ejerce una fenomenal presión hacia la baja de los salarios. Niveles que aquí ciertamente nunca podrán alcanzar, si albergan la ilusión de poder recortarlos a los infra-jornales chinos o paquistaníes.

En tal sentido, el problema radica en la competitividad nacional y la productividad empresarial, como se desprende del gráfico adjunto: Perú tiene salarios bajos y un nivel de competitividad aún más baja. Y ahora no se quiere realizar el ajuste por la mejora de esta última, sino por la reducción de los sobrecostos, lo que sería la solución aparentemente más fácil, pero absolutamente contraproducente si consideramos que requerimos, no solo un trabajador motivado y bien alimentado, sino un sólido poder de compra y un mercado interno amplio para asegurar un crecimiento económico sostenido. El recorte de salarios reales o la devaluación del tipo de cambio lo más que podrán lograr es aumentar la competitividad espuria, no así la que es auténtica y perdurable.

En fin, incluso podría argumentarse que los sobrecostos deberían ser un buen aliciente para fomentar la competitividad, que las empresas podrían conseguir aumentando la productividad para reducir los costos marginales y para encontrar nuevos mercados que aumenten los ingresos marginales. Por lo demás, como todo novel estudiante de administración o de economía sabe (y que este gobierno aparentemente ha comenzado a entender), la competitividad auténtica solo se puede lograr realizando cambios responsables, desde la reforma del Estado y la judicatura, pasando por los incentivos para alentar la I&D;, el mercado doméstico de capitales y las cadenas productivas (‘clusters’), hasta llegar a la mejora y desarrollo de la infraestructura y de la ‘superestructura’ de valores. Pero eso requiere de tiempo y de mucho dinero, que seguramente alcanzaría si, por ejemplo, todas las empresas mineras pagaran regalías y un moderado impuesto a las sobreganancias. Ciertamente que ello debió comprenderse y realizarse en su debido momento, seguramente con algún apoyo del Estado, y no ahora cuando ya se vienen firmando ingenuamente tratados de libre comercio -deficientemente negociados- con varios países que seguramente ofrecerán algunas buenas oportunidades para diversificar nuestros mercados, pero que también borrarán del mapa a las más diversas empresas y hasta ramas económicas completas de nuestro país (así como las de las economías que, en el gráfico adjunto, están por debajo de la línea). Quienes prefirieron dormir sobre sus laureles durante los últimos quince años, ahora quieren que la supuesta ‘aristocracia obrera’ pague los costos de su desidia y de su ilusión globalizadora para ganar competitividad ilusamente.

Fuente: Gestión, noviembre 8, 2006; p. 15.