martes, abril 24, 2007

¿Será posible acabar con el Narcotráfico en el Perú?

(Un ejercicio aplicado de Teoría Microeconómica y de Políticas Pro-mercado)

(Primer borrador de discusión: prohibida su reproducción escrita, electrónica, verbal o musical)



No a la ‘Coca Cero’, sí al ‘Narcotráfico Cero’

Evo Morales



Como consecuencia de las diversas movilizaciones sociales de las últimas semanas, lideradas por los gremios productores de hoja de coca, ha vuelto a pasar a primer plano de la discusión pública nacional el tema del tráfico ilícito. Una vez más, renace la preocupación gubernamental por la cuestión en torno a las formas como se puede y debe enfrentar la grave problemática de la proliferación de los cultivos ilegales de coca. Es decir, de aquella proporción de hoja que se destina –en el país o fuera de él- a la producción de la pasta básica y/o de la cocaína, que viene fortaleciendo amenazadoramente los carteles del narcotráfico y de sus aliados[1] en el Perú, entre las muchas consecuencias negativas bien conocidas[2] que ejerce esta actividad dentro de nuestras fronteras y en los países consumidores.

El enfoque y las interrogantes

Por supuesto que no hay recetas mágicas, ni de las que resolverán el problema de la noche a la mañana. Pero todos sabemos que no han funcionado –aunque no lo quieran reconocer sino unos pocos solitarios analistas y vilipendiados políticos- las políticas hasta ahora adoptadas por nuestros gobiernos[3]. Por lo que el planteamiento de cualquier otra propuesta que contribuya a la discusión y/o al alivio del problema puede ser muy útil, por más utópica o ingenua que parezca a primera vista[4].

Adoptaremos, respondiendo adrede a los signos de los tiempos, el instrumental económico ortodoxo para diseñar una peculiar propuesta, que puede ser útil plantear siquiera como punto de partida y que consideramos una solución de transición en la larga marcha que habría de culminar en la eliminación de la posibilidad del tráfico de coca para producir sus derivados ilegales.

Obviamente, para comenzar, descartamos de plano la ingenua solución friedmaniana o ‘liberal’, que propone la legalización de la droga[5], porque terminaría inundando el mercado nacional y mundial, tanto con coca, pasta básica y cocaína (como con heroína), por cierto de muy buena calidad, a la vez que por esa ruta –y esto es lo más grave- se acabaría con las frágiles tierras y el endeble equilibro ecológico –de por sí amenazado- de gran parte de nuestra ceja de selva e importantes segmentos de la selva.

Plantearemos el problema desde dos ámbitos cruciales de la cadena productiva de la cocaína, cada uno de los cuales exige de políticas distintas, pero que se refuerzan entre sí, por lo que deben adoptarse paralelamente. Se trata básicamente de una propuesta dirigida a modificar el esquema monopsónico de la comercialización de la hoja de coca y la forma de enfrentar el tráfico de los precursores químicos. Nos limitaremos aquí a una perspectiva primordialmente microeconómica convencional. Asimismo, solo trataremos la problemática desde una visión estrictamente doméstica, sin considerar sus efectos en los demás países productores de coca o en las regiones consumidoras del mundo[6]. Los demás aspectos y medidas están planteadas con toda claridad y realismo –en oposición a las largamente adoptadas y fracasadas políticas oficiales- en lo que se debería denominar la “Doctrina Cabieses”[7], con la que coincidimos plenamente, tanto por su erudito diagnóstico como por las políticas integrales que propone, pero que extenderemos aquí únicamente en algunos aspectos aparentemente marginales.

En ese entendido intentaremos responder a dos interrogantes críticas, a partir de las cuales es posible plantear políticas dirigidas al fin que proponemos, las que deben complementarse con las sugerencias más completas de Cabieses, que abarcan todos los campos –político, psicosocial, jurídico y demás- que abarca y en los que se desenvuelve el ‘cluster’ coquero:

Primera cuestión:¿cómo evitar que la hoja de coca llegue a manos de los traficantes? Paradójicamente, a pesar de que no se prohibirá el cultivo y venta de la hoja de coca, con la respuesta-propuesta que haremos sobre esta cuestión, paulatinamente se evitaría el acceso de los acopiadores a este insumo-base para la fabricación de la droga.

Y segunda: ¿cómo evitar que los insumos químicos (los denominados ‘precursores’) necesarios para transformarla en pasta básica lleguen a los fincas cocaleras o las zonas de concentración de la hoja seca? Con lo que, obviamente, se pretende evitar que los agricultores se conviertan también -o más de lo que ya están- en procesadores de pasta básica.

En la medida de lo posible, respetando la lógica de los economistas ortodoxos, las propuestas van dirigidas a establecer los incentivos necesarios para encontrar las soluciones -o una aproximación a ellas- a través de mecanismos de mercado, que ahora anima tanto las acciones del presente gobierno y que incluso podrían contribuir a alcanzar el sueño del ‘grado de inversión’[8].

Del Monopsonio Coquero

En cuanto a la primera interrogante planteada, nuestra sugerencia va dirigida a modificar la actual estructura del mercado[9], que puede ser caracterizada como un monopsonio a nivel de valle o cuenca (o de oligopsonio a escala regional o nacional). Es decir, se trata de un mercado caracterizado por la existencia de un gran comprador de hoja de coca en cada cuenca, valle o región. Ciertamente en algunos casos se trata de oligopsonios, en que compiten entre sí dos o tres vigorosos compradores[10]. Aquí mantendremos el supuesto del monopsonio simplemente por razones de simplificación analítica[11]. Y ese poderoso comprador único no es otro que el influyente acopiador de las hojas de coca que sirve de intermediario a uno de los carteles del narcotráfico, ya que el comercializador estatal (ENACO) apenas influye en el mercado.

La Propuesta en síntesis

En ese entendido, proponemos enfrentar a ese monopsonio –que actúa en el ‘mercado negro’- con otro productor de igual o similar poder financiero y administrativo, que podría ser ejercido –en otras condiciones- por una profundamente transformada NEO-ENACO[12] (o, para estar en línea con el espíritu liberal del gobierno, ¡entregárselo en concesión a uno o más operadores privados!), que actualmente –a nivel nacional- apenas adquiere 2.800 toneladas métricas de las 8.700 TM que se venden-consumen legalmente[13] y que representan un minúsculo 5,6% de la producción total de hojas, que ascendería a unas 50.000 TM anuales en el estimado más conservador.

Descentralizando la renovada ENACO[14], estableciendo una miríada de oficinas en las zonas cocaleras y facilitándole una suma similar o superior de dinero a la que manejan los acopiadores del narcotráfico. Con ello este nuevo demandante se incorporaría en mejores condiciones a la competencia en el mercado ilegal, que ya no lo sería tanto. Con ello, apenas se hayan creado las condiciones legales-administrativas-políticas necesarias, el mercado de la hoja de coca se transformaría en un duopsonio, en que se enfrentaría el monopsonio controlado por los narcotraficantes y el monopsonio controlado por la nueva ENACO y los gremios de productores de coca. Naturalmente el precio del kilo de hoja de coca subiría inicialmente, acercándose al que regiría en condiciones de competencia perfecta (ver Anexo II sobre el equilibrio en condiciones de monopsonio, duopsonio y competencia perfecta).

El segundo aspecto esencial de la propuesta es que se liberalizaría el comercio de la hoja de coca, siempre y cuando el productor esté registrado y llegue a un acuerdo para no ampliar el área del cultivo y coopere –a través de su gremio cocalero y demás organizaciones[15]- con NEO-ENACO en el control y denuncia de los cultivos no autorizados. Con lo que naturalmente se terminaría con las erradicaciones voluntarias o ‘programadas’ (es decir, de las forzosamente aplicadas por la policía).

Pero, antes de analizar las demás consecuencias de estos lineamientos generales, detengámonos un momento, ya que esta propuesta -que parece exótica a primera vista- requiere de una explicación más detallada de las acciones que habría que adoptar antes de implementarla. En lo fundamental se trataría de combatir al actual monopsonio con sus propias armas (pero, dentro de la Ley): tanto con el masivo flujo de dinero que manejan y los altos precios que pagan (el quíntuple del mercado ‘oficial’) y las alianzas que se establecerían con las asociaciones ‘institucionalizadas’ de productores de coca. Ciertamente ello requerirá de negociaciones a nivel internacional y la elaboración de las leyes pertinentes, que el Congreso debería dictar en un lapso prudencial (no mayor a los seis meses).

En ese entendido, de lo que se trataría es que ambos compradores entren en ‘competencia’, en la esperanza que –a la larga- NEO-ENACO termine convirtiéndose en el nuevo monopsonio, hasta que se encuentre una solución para las 50.000 o bastante más familias de agricultores dedicadas a esta actividad, sea por la posibilidad de desarrollar cultivos alternativos adecuados, sea por otras actividades productivas que podrán financiarse ellos mismos por las ganancias que acumularían en un periodo de 5 a 10 años, que es lo que duraría el acuerdo en torno a este Programa Temporal de Liberalización Selectiva del cultivo y comercialización (PROTELICUCO). Para ello, deben darse una serie de condiciones para que este segundo competidor (el oficial o el oficialmente reconocido) del nuevo mercado duopsónico pueda competir exitosamente con el actual monopsonista:

  1. El gobierno debe estar convencido que estas políticas tendrán éxito en el mediano plazo y debe poseer la voluntad política necesaria para que la NEO-ENACO (o el concesionario privado) entre al mercado como si fuera un comprador más –tan importante como el monopsonio ilegal actual- de toda hoja de coca que provenga de cultivadores inscritos, tal como se describen más abajo. Lo que, obviamente, exige una Ley específica al respecto, para lo que seguramente se podría conseguir una mayoría absoluta en el Congreso.
  2. NEO-ENACO debe entrar al mercado, no fijando un precio de antemano, sino pagándolo en función a la oferta y la demanda, intentando comprar –a la larga- la oferta completa al precio vigente (pagadero en US$, por lo menos mientras continúe la presión a la baja del tipo de cambio).
  3. Para lo que NEO-ENACO requiere el dinero necesario para afrontarla, cuyo monto –para que culmine exitosamente su paulatina conversión en monopsonista- debe ascender a un mínimo de US$ 150 millones para comprar toda la producción (si fuese de 50.000 TM y el precio llegara a US$ 3 por kilo), si bien –como es obvio- siempre existirán algunas ‘filtraciones’. Aquella cifra se podría duplicar y hasta cuadruplicar[16], lo que seguirá siendo un ‘regalo’ frente a los costos que ya tiene y que irán en aumento si adoptamos la actitud de que “A la coca no hay que mirarla de costado” (‘El Comercio’, marzo 22; p. A1).
  4. El dinero mencionado, para que la nueva ENACO tenga éxito, provendría de los países consumidores como EEUU y la UE, que son –teóricamente- los más interesados en que no ingrese la droga a sus territorios. Es fácil demostrar que el dinero que entregarán al gobierno peruano no solo será una suma irrisoria, sino que será muchísimo menor que la que actualmente asignan para controlar las fronteras y para financiar las consecuencias del tráfico de esta droga en su propio territorio (prisiones, juicios, hospitales, asesinatos, muertes por sobredosis, corrupción, inseguridad ciudadana, lavado de dinero, etc.)[17].
  5. En caso contrario, si de la negociación que el gobierno peruano tendría con los gobiernos de los países consumidores de droga del Norte –comenzando con EEUU y la UE- no tuviesen interés con acabar con el flagelo que los aqueja, el financiamiento provendrá del Estado peruano, usando una pequeña fracción de las reservas internacionales netas (RIN) v que están apolillándose en las arcas del Banco Central (la cifra mencionada equivaldría a un 0,7% de las RIN y, más realistamente, a un 1,4% de su Posición de Cambio). Ciertamente, el BCR es independiente y no sería sensato que el gobierno lo presione políticamente para que libere una porción de sus tenencias de divisas, a no ser que el Directorio considere que vale la pena invertir en acciones de EPRICUCO (la empresa particular encargada de acopiar la hoja de coca seca), en caso se otorgue la concesión al sector privado.
  6. Los que venden la hoja a la NEO- ENACO tienen que estar inscritos en el padrón que ese organismo abrirá para tal efecto y en el que figurará la zona exacta en que se cultiva la hoja, con el nombre del propietario del fundo y el hectareaje plantado. Tarea que requeriría, por lo menos, de un año de trabajo muy intenso. Este grupo de productores de hoja de coca tiene absoluta libertad para cultivar su producto, pero debe vendérselo obligatoriamente a la empresa estatal o, en su caso, a la concesionaria.
  7. Esta tarea de empadronamiento, así como las demás que aquí se sugieren, debe ser coordinada con los gremios y asociaciones provinciales y distritales de productores de hoja de coca, que son los que mejor conocen las condiciones de la producción y comercialización. Además, como ha señalado ‘El Comercio’ (2007b), al tratarse de organizaciones altamente ‘institucionalizadas’ resultaría fácil la coordinación y concertación de actividades conjuntas entre gobierno y productores, tanto para asegurar el registro, como para controlar que no se expandan los cultivos.
  8. Habrán muchas neo-oficinas de ENACO en las zonas cocaleras, tanto para pagarle a los vendedores como para –de ser necesario- venderle a los consumidores tradicionales o industriales de la hoja la cantidad que demanden a precios módicos (por no decir ‘subsidiados’)..
  9. Aprobación de una Ley que permita expropiar las tierras de quienes estén inscritos y no le vendan el total de la hoja de coca a ENACO. Los cálculos pertinentes se pueden hacer fácilmente según el hectareaje, medido por la propia empresa (en colaboración con las organizaciones de cocaleros, como la CENACOP, la Central Nacional de Agricultores Productores de Coca del Perú) y según la zona en que se encuentren los cultivos, lo que permite determinar su productividad.
  10. Pero, y esto es aún más importante, el gobierno también podrá expropiar –sin compensación alguna- a quienes no estén inscritos, produzcan coca y le vendan la hoja a los intermediarios de los carteles. Aparte de las condenas a cadena perpetua a que se verían sometidos. Las tierras serían redistribuidas a campesinos sin propiedades, a los que se les dará el apoyo necesario para reforestar o para plantar cultivos ‘alternativos’ (los adecuados y no los que se vienen sugiriendo actualmente, como el café, el cacao, la palma aceitera y similares que nos adecuados para la zona) si no quiere perder la tierra recién adquirida.

De manera que la NEO-ENACO (o la gran corporación privada: Empresa Privada de Cultivo y Comercialización de Coca, EPRICUCO) entraría en competencia –en superiores condiciones financieras y políticas- con el monopsonio actualmente existente, de valle en valle, de cuenca en cuenca, de región en región. ¿A qué más lleva todo esto, aparte de lo señalado en los párrafos anteriores?

Por el lado positivo:

  1. Permitiría seguir produciendo hoja de coca por unos años a quienes viven de ella actualmente, sin la zozobra actual y sin ver reducido su nivel de vida como sucede ahora por la erradicación ‘voluntaria’ o forzosa. Es decir, se le daría las seguridades del caso a los productores en su actividad productiva y de comercialización de la hoja, en tanto que –siempre que estén inscritos- ya no se erradicarán cultivos y no serán perseguidos por la policía y demás ‘fuerzas del orden’.
  2. Con el dinero acumulado por percibir precios de mercado, poco a poco, a lo largo del lapso de transición -de 5 a 10 años- la oferta de hoja irá en descenso, a medida que se encuentran cultivos o actividades alternativas sensatas a la actualmente desempeñada. A la larga el proceso culminaría cuando la cantidad de coca producida alcance para cubrir las demandas del consumo tradicional y de las industrias farmacéutica, de gasesosas y similares.
  3. La policía ya no tiene que concentrarse en áreas tan extensas para control la proliferación ilegal de cultivos, que de ahí en adelante se centraría únicamente en zonas en que se estaría ampliando la frontera de producción. Con este objetivo en mente, sin embargo, es esencial la colaboración de los gremios y asociaciones provinciales y distritales de productores de coca. Es decir, se debe privilegiar el control social, más que el policíaco-represivo.
  4. Ya no requeriremos de la cooperación internacional ni la de donantes[18], ya que a los países se les entraegará la cantidad completa de hojas a su precio de mercado, que es –como hemos dicho- un ganga frente a lo que ahora gastan en su lucha contra el narcotráfico y sus secuelas.
  5. Todas las demás ligadas al cultivo: menos presos, menos asesinatos, menos lavado de dinero, menos corrupción, menos drogadictos, menos prostitución, menos penetración de las instituciones y el Estado, menos terrorismo, etc.

Por el lado negativo:

  1. Inicialmente, sin duda, por la ‘guerra’ que se desataría entre ambos competidores por conseguir la mayor tajada de las compras totales, la cotización de la hoja aumentará en 10 a 30% de la que rige –en las condiciones actuales- en el ‘mercado negro’, dependiendo del incremento de la elasticidad de la oferta a que daría lugar esta nueva competencia. Con lo que la renovada ENACO tendrá que hacer un esfuerzo grande para pagar el precio de mercado (bastante más alto al de competencia monopsónica). A mediano plazo se estabilizaría algo por debajo del precio del ‘mercado negro’, como es característico a todo duopsonio (ver Anexo II). Y, finalmente, a la larga, se estabilizaría el precio, una vez que se haya retirado de la competencia el monopsonista original (es decir, para cuando NEO-ENACO haya eliminado a la competencia con el apoyo de las asociaciones de productores de coca).
  2. Ello incentivará a otros productores a ampliar la frontera de producción, pero se corren el riesgo de ser expropiados en sus únicas propiedades y sustento de su familia y, para cuando se lleve a cabo la reforma judicial, condenados a cadena perpetua.
  3. Sin duda, inicialmente, habrán -como ahora con la política de erradicaciones- represalias muy drásticas de parte de los narcotraficantes y los acopiadores de la hoja de coca (incluidos los senderistas): asesinato de comuneros que venden la hoja a ENACO, cuyas oficinas y camiones de recojo serían dinamitadas seguramente en muchas oportunidades. Desde un punto de vista práctico éste quizás sea el punto más débil de la propuesta, como lo es también el de la erradicación de la hoja que se aplica actualmente. Pero, por otro lado, sería absolutamente sorprendente que el gobierno se resigne a dejar de enfrentarse al monopsonista coca-acopiador. De otra parte, los propios cocaleros se organizarían –como una forma aggiornada de los ronderos- para fortalecer y defender el derecho que se le da de vender tranquilamente su producción a buenos precios. En ese sentido, el retiro de los competidores se procesará en unos pocos años, siempre que se cuente con la colaboración de los gremios representativos de los productores de hoja, así como de los mismos agricultores.
  4. Se seguirá depredando y polucionando la ceja de selva por el uso intensivo de fertilizantes y pesticidas, en el afán del productor por incrementar la productividad de sus cultivos. Lo que terminaría cuando se encuentren las soluciones adecuadas a sus dificultades económicas.

Un problema que surgirá inmediatamente, será el del amontonamiento de hojas de coca en los almacenes del ‘nuevo’ competidor. ¿Qué hacer con las hojas de coca que adquirirá neo-ENACO? En vez de quemarlas, si el Programa es financiado por los países del Norte, les entregaríamos toda la producción, la que seguramente repartirían entre sus pobladores a precios irrisorios (apenas para cubrir los costos logísticos, de empaque, de transporte y almacenaje). A la larga, esos consumidores demandarán nuestras bolsitas filtrantes, ya que les permitirá diversificar los sabores de sus infusiones, así como darles algo más de la energía que han ido perdiendo crecientemente por el estrés y la monotonía del mundo moderno.

De otra parte, en caso que el gobierno peruano tenga que financiar todo el Programa, se sugiere que -para el primer año de aplicación, que sería el 2008 (cuando se haya culminado el catastro de productores)- que el gobierno peruano le done una bolsa de 200 gramos de hojas de coca –para que degusten el manjar como infusión- a las 250 millones de familias que viven –es un decir- en las zonas urbanas de China (los excelentes sistemas de distribución que existen allá y la buena voluntad de su gobierno transportarían la hoja por el Pacífico y de ahí a las urbes, sin contraprestación alguna)[19]. En la esperanza que, a la larga, esos agradecidos consumidores (por más que muchos no aprecien este tipo de obsequios) se conviertan en clientes habituales de té de coca, para variar el sabor y potenciar su desgastada energía por sus extendidas horas de trabajo –oferta que será bienvenida a medida que se convierta en una verdadera ‘economía de mercado’- de sus tradicionales infusiones. Les venderíamos esa misma cantidad en los años siguientes, con lo que el programa se iría autofinanciando paulatinamente. Lo mismo puede hacerse con otros fanáticos de los tés, como la India, Gran Bretaña, Turquía y similares[20].

Por supuesto que para reducir los costos de transacción -evitando el almacenamiento y las complicaciones de la distribución- podría diseñarse un sistema de producción y venta figurada: al campesino se le paga la suma que recibió el año anterior, sin que produzca nada. Lo ideal, en ese caso, sería que se le exija que reconstituya y reforeste la zona que cultivaban, con lo que contribuirían a sanear el medio ambiente y obtendrían algo más de dinero al momento de la tala de los árboles (o de lo que ahí cultiven).

Incentivos para la captura de insumos

A pesar de los altos precios de la hoja, muchos productores se aventurarán a producir pasta básica, dado el enorme margen de ganancia que ello les procuraría y por más cadenas perpetuas a las que se arriesgarían. Por lo que será necesario atacar el problema de los ‘precursores’ que se utilizan para su producción, como por fin lo ha entendido el presente gobierno. Este es un tema muy complejo ya que son más de dos docenas de insumos los que deberían captarse. Aunque ayudaría y será necesaria, no bastaría la colaboración de los gremios de productores de hoja de coca, por lo que se requiere una medida adicional.

Para ello, la propuesta consiste no solo en aumentar el número de guardias y de puestos de control policial (como ingenuamente propone el gobierno), sino en pagarle en efectivo a los que logren decomisar esos insumos, a razón del 80% de su precio de mercado. Es decir, los miembros de las garitas (sedentarias o nómadas) –en carreteras, trochas, ríos, riachuelos, aeropuertos- que logren ese cometido se repartirían esa cifra, que puede llegar a montos muy apreciables, bastante mayores a los que obtienen por ‘coimisiones’ para dejar pasar los cargamentos. Los miembros de la comisaría, la guarnición de las FFAA o cualquier otra institución podrían aumentar así sus ingresos sustancialmente por encima de sus remuneraciones oficiales[21]. Esta propuesta se podría hacer extensiva a las asociaciones regionales, provinciales y distritales de productores de coca, así como a los gobiernos regionales-provinciales-distritales, cuando alguna de ellas denuncie o capture alguno o varios de los cargamentos de precursores químicos.

Naturalmente esta medida requiere de un financiamiento inicial adicional, aunque a la larga –debido al margen del 20%- se terminaría autofinanciando.

Sintetizando

Como se habrá observado, finalmente prácticamente todo desemboca en un simple cálculo de costo-beneficio, en el que los incentivos juegan un papel central. Y, en la medida en que la producción de droga es una cadena productiva integrada (y de ‘producción conjunta’ en la jerga microeconómica), es necesario cortar los segmentos críticos –a través de mecanismo de mercado- que permitan romper el círculo vicioso e impedir la producción de droga.

En las propuestas actuales, en las que se viene insistiendo desde hace treinta años, como se ha reiterao infinidad de veces, solo se atacan –muy ingenuamente- los extremos más débiles de la cadena: los productores de hoja de coca y los comerciantes minoristas. En lo que aquí postulamos es el ataque de los dos ejes centrales de este ‘cluster’: los grandes acopiadores y los comerciantes de los precursores químicos, así como a los que los nutren y hacen posibles, a saber: los narcotraficantes y los industriales-importadores-contrabandistas, respectivamente.

Por supuesto que todo este proceso requeriría de paciencia, voluntad y, sobre todo, mucho tiempo, por eso de que ‘Andemos despacio que estamos apurados’, que habría dicho –no recuerdo quién- el Quijote, Napoleón o la Madre Teresa.

Naturalmente, aquí hemos presentado una política de drogas-cero casi exclusivamente economicista, por lo que resulta indispensable incorporarla como subconjunto de la ‘Doctrina Cabieses’, que trata los temas interdisciplinaria e intertemáticamente, planteando los aspectos legales, medicinales, de negociación, producción, sociopolíticos y demás que son indesligables entre sí y que forman parte sustantiva de cualquier propuesta integral e integradora.

Apéndices:

I. Anexo Estadístico

II. Anexo Teórico

III. Bibliografía básica




ANEXO I: Una visión panorámica de los clusters coqueros.

La Tabla I que sigue nos da una visión general, algo desactualizada (referida al año 2003), de las principales características del ‘cluster’ coca-pasta-cocaína[22]. Dado que este es un ejercicio teórico no será difícil aplicar los principios aquí esbozados para quienes dispongan de datos más recientes.

Las cifras fundamentales pueden resumirse en los siguientes términos: las cuencas cocaleras abarcan casi 45.000 hectáreas, cuya producción es de 50 millones de kilos; es decir, una productividad promedio de 113 kilos por hectárea. Lo que, a un precio de US$ 2,20 por kilo, genera un valor bruto de producción de 112 millones de dólares, de los que viven 50.000 familias, generándoles un ingreso anual promedio de US$ 2.240. El precio de las hojas de coca (seca) por kilo es de US$ 2,20, el que se multiplica por 100 cuando aquellas se convierten en pasta básica, se duplican respecto a ésta si se trata de pasta básica lavada y se vuelven a duplicar al convertirse en cocaína.


ANEXO II: TEORÍA DEL EQUILIBRIO MONOPSÓNICO

En el gráfico II-1 presentamos el equilibrio del monopsonio (punto Em, en el que –maximizando ganancias- el Gasto Marginal del acopiador es igual a su Valor Marginal (demanda). En ese caso, se llega a un precio de Pm y a una cantidad demandada de hoja de coca de Q1, ambos bastante más bajos que los que se darían en competencia perfecta (Pcp y Qcp).

En condiciones de duopsonio (o de oligopsonio) del gráfico II-2, en cambio, el precio sube algo, a P’d (con lo que se acerca al de competencia perfecta, Pcp), así como la producción (que pasa de Q1 a Q2). Ello es consecuencia del hecho que la curva de gasto medio (Gme) o de ‘oferta’ se hace más elástica al entrar el segundo competidor.



ANEXO III: BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

Cabieses, Hugo (2005a). “Sobre Coca, Cocaleros y Drogas: Fallos Satánicos y Debates de Fondo”, en Debate Agrario, no. 39, diciembre; pp. 27-79 (www.cepes.org.pe/debate/debate39/02-cabieses.pdf).

Cabieses, Hugo (2005b). “Coca Compleja, Drogas y Cocaleros en los Andes”, en Hablan los Diablos, varios autores. Quito: Abya Yala; pp. 15-103..

Cabieses, Hugo (2007). “Algunas Propuestas propias y lo que dice el Tribunal Constitucional sobre Coca y Política de Drogas”, ponencia presentada en el foro Presente y Futuro de la Hoja de Coca, Lima, marzo 19.

Chamberlin, Edward (1946). Teoría de la Competencia Monopolística. México: Fondo de Cultura Económica.

El Comercio (2007a). “Cocaleros deben decidirse: el Estado o la droga”, abril 22; p. A4.

El Comercio (2007b). “Poder cocalero se institucionaliza en el VRAE y el valle del Huallaga”, abril 22; p. A24.

El Comercio (2007c). “La Hora del té y sus aromas”, abril 22, en la separata ‘Mi Negocio’, p. 5.

Friedman, Milton (1998). “It's Time to End the War on Drugs”, en Hoover Digest, no. 2 (www.hoover.org/publications/digest/3523786.html).




[1] Entendiendo por tales, desde los comerciantes de insumos para producir la droga, pasando por los agentes comercializadores, hasta los grupos subversivos.

[2] En lo que sí estamos de acuerdo con Milton Friedman (1998), quien ha publicado cataratas de textos sobre la materia.

[3] Véanse, a este respecto, los trabajos de Hugo Cabieses, en el Anexo III.

[4] El autor de este texto confiesa su absoluta ignorancia en el tema que desarrollará en la presente nota, por lo que gran parte de la información aquí presentada deriva de textos elaborados por Hugo Cabieses, considerado con mucha razón por el diario Página/12 de Buenos Aires como “uno de los mayores expertos de América Latina sobre Narcotráfico” (marzo 5, 2007). Nosotros añadimos que, además, se trata del único autor que viene planteando hace décadas las políticas y propuestas adecuadas para contribuir a una solución realista de esta compleja problemática.

[5] Véase su posición en una de las últimas y más explícitas entrevistas sobre la materia, otorgada a Randy Paige en 1991: www.druglibrary.org/schaffer/Misc/friedm1.htm

[6] En vista que los países del Norte no están haciendo lo suficiente en materia de interdicción, sino todo lo contrario, y si tenemos en cuenta que la demanda sigue creciendo porque su elasticidad-ingreso es mayor a la unidad. Tampoco consideraremos el impacto que estas propuestas ejercerían sobre nuestros vecinos productores de hoja de coca.

[7] Una versión sintética magistral de sus planteamientos puede encontrarse en los ‘trece puntos’ de su ponencia “Presente y Futuro de la Coca – Algunas Propuestas Propias y lo que dice el Tribunal Constitucional sobre Coca y Política de Drogas”, Lima, 19 de marzo 2007. Véanse, además, sus textos más extensos, nombrados en el Apéndice III bibliográfico y el texto breve que sintetiza su posición (reproducida en este blog).

[8] Que hoy en día está más lejos que nunca, dada la convulsión social y política que ha generado el problema por el manejo gubernamental errado, al margen de sus negativos efectos sobre la corrupción, la criminalidad, el lavado de dinero y las demás consecuencias endógenas que le son inmanentes.

[9] Los economistas hablan de las siguientes variedades de vendedores, cada cual con sus diversas subcategorías: monopolio, oligopolio, competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio. En el mercado de ‘factores’ (compradores) se habla de oligopsonio, duopsonio y monopsonio (aparte de la competencia perfecta).

[10] Por el momento dejamos de lado el caso en que los campesinos realizan ‘producción conjunta’ (hojas de coca y pasta básica), aún cuando la situación también es de monopsonio (el comprador único lo es de pasta).

[11] Nótese que, por el lado de la oferta, la estructura de mercado es de ‘competencia monopolística’ en el sentido que le diera Edward Chamberlin (1946). Es decir, el pequeño margen monopólico viene determinado por la ubicación del vendedor, que en el caso de la hoja de coca viene representado por una gran cantidad de personas que ofrece el producto homogéneo en diversos espacios.

[12] El ‘neo’ quiere llamar la atención sobre el hecho de que esta institución tiene que reorganizarse y reformarse desde la base, administrativa, legal, personal y sociopolíticamente.

[13] Para el año 2003 se estimó que en el país 3,8 millones de personas (es decir, casi 15% de la población total del país) consumían 8.700 TM de hojas de coca, sea para el chaccheo o ritos ancestrales (pagos a la pachamama, corte de pelo, matrimonio, velorio, culto a los apus, etc.), sea para producción artesanal o industrial (a usarse como infusión, medicinal u otros fines lícitos). Lo que significa que el consumo por persona alcanzaría a 2,29 kilos anuales. Ver también: Cabieses, “Coca: Terminar con el Sometimiento”, entrevista concedida a Manuel Robles Sosa, 22 de marzo 2007).

[14] O, en su caso, la(s) empresa(s) privada(s) que gane(n) la(s) concesión(es) por regiones o cuencas.

[15] Pensemos en la ‘Central Nacional de Agricultores Cocaleros del Perú’ (CENACOP) y/o la ‘Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú’ (CONPACCP), así como en las asociaciones y federaciones regionales, provinciales y distritales de cocaleros (ver una lista de las principales y de sus respectivos líderes en ‘El Comercio’, abril 22, 2007, p. a24).

[16] En el extremo, en el país se podría producir hasta 200 TM, que –a un precio de US$ 3- exigiría el desembolso de US$ 600’, que tampoco es una suma exagerada.

[17] Nótese que, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard, el gobierno norteamericano se ahorraría US$ 7.700 millones (sic) sólo con la legalización de la marihuana. Por supuesto que, insistimos, nuestro propósito no es legalizar la comercialización y el consumo de cocaína.

[18] Es importante insistir en el hecho de que no se trata de que esos países nos donen y cooperen con nosotros. Es todo lo contrario: somos nosotros los que los ayudamos a resolver su grave problema de drogadicción y narcotráfico.

[19] Por supuesto que no podemos garantizar que el gobierno de China no reparta las hojas y que utilice esta commodity para producir cocaína, que es parte de su tendencia –más que hacia el vicio- a comprar materias primas para convertirlas en productos industriales de alto valor.

[20] El mercado mundial de té lícito llega a 3 millones de TM, con lo que nuestras miserables 50.000 TM no le harían mella a los principales productores, cuyas cifras pueden consultarse en un informe de ‘El Comercio’, aparecido en la separata ‘Mi Negocio’ del 22 de marzo 2007, p. 5.

[21] Aunque es un tema como para discutir, pensamos que no resulta conveniente motivar en ese mismo sentido a personas, familias o comunidades nativas, porque podría llevar a instaurar una poco conveniente civilidad de ‘soplones’.

[22] Fuente: “Agricultura: Propuesta de CONVEAGRO frente al TLC Perú-EEUU”, marzo 2005; p. 19.



P.D.: En la segunda semana de junio, poco después de publicar este texto, el Congreso aprobó la Ley 29037 de "Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados", en base a la cual se encarcelará por 10 años a quienes "transformen, almacenen, posean, trasporten o adquieran estos insumos químicos" para la producción de droga (ver: La República, junio 13, 2007; p. 11). Seguimos creyendo que nuestra propuesta de 'incentivos' será más efectiva y que esta nueva legislación apenas contribuirá en la reducción de la comercialización de los insumos.


SIN COMENTARIOS:

Fuente: 'Alfredo', en La República, marzo 10, 2008.



ADDENDA: PROLIFERA LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE DROGAS

Perú.21 publica sorprendentes datos a este respecto (marzo 4, 2008; p. 19):

104.038 peruanos han consumido recientemente o acostumbran consumir drogas ilegales;
30 mil personas se inician en el consumo de cocaína cada año;
900 mil peruanos acuden a un centro de salud para superar problemas por drogas;
32% de los adictos a la cocaína tiene menos de 25 años;
80% de los jóvenes que consumen drogas comenzó a hacerlo en su barrio;
70% de los consumidores de éxtasis probó dicho estimulante por primera vez en la universidad;
500 mil peruanos, aproximadamente, son alcohólicos;
23,5% de la población afirma que podría conseguir PBC con facilidad;
50% de los consumidores de cocaína y de PBC se droga habitualmente; y
45% de los peruanos necesita orientación sobre las drogas.

Además, se señala que "destinarán 8 millones de soles para prevenir el consumo de drogas".

Fuente original: III Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en el Perú (DEVIDA).

***

Original 'sugerencia' de la ONU: Que se deje de chacchar coca y de tomar té de coca (bolsitas filtrantes)

Fuente: 'Alfredo', en La República, marzo 6, 2008.



Coca & Cocaleros: PDA = PDAA

Escribe: Hugo Cabieses, desde San Jerónimo, Cusco; abril 19.



Al final de la pirotecnia mediática, se abrirá una mesa de diálogo con los agricultores cocaleros. Ha sucedido así en los 14 conflictos cocaleros que se han producido desde 1999. Pero me preocupa que a esta mesa el gobierno no lleve nuevas propuestas sino más de lo mismo. El "Plan de Desarrollo Agrario para las Zonas Cocaleras 2007-2011" por US$ 83 millones promulgado el 20 de Abril (RM Nro. 275-2007-AG), es lo mismo que hacen desde hace 20 años, tanto la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). El Programa de Desarrollo Alternativo (PDA) ha tenido pequeños éxitos, pero enormes fracasos, sin que se haya realizado una evaluación seria e independiente de lo realizado. Considero grave que se repitan los errores estratégicos del PDA.

Es saludable que el ministro considere junto con los cocaleros, que el “problema” de la coca es agrícola, pero mi objeción central al Plan es que se trata de promover monocultivos de exportación para cumplir con una fórmula equivocada: coca = cocaína = US$ = exportación. Por lo tanto, se debe ubicar un producto exportable que reemplace a la coca. Esta estrategia no tiene viabilidad agro-ecológica en zonas de selva alta. Pero además, no tiene sostenibilidad económica más allá de algunos pocos años ya que “el suelo no aguanta”.

El Plan impulsará el quinteto anti-ecológico de “cultivo motor de exportación”: café, cacao, palma aceitera y palmito, sin contar el arroz que es de consumo interno y el sacha inchi que considero interesante para mercados nacionales. La coca para el “narcotráfico” – no la cultivada tradicionalmente - es el sexto cultivo anti-ecológico que se quiere sustituir. Pero su erradicación provoca tanto o más efectos medio-ambientales negativos que los productos estrella del PDA. A esto se agrega ganadería mayor, reforestación en plantación de especies “rentables” y caña de azúcar para bio-combustibles. Las vacas "pisan" la ecología y tumban bosques para pastos. La caoba y el cedro son para los nietos de los agricultores. Plantar para bio-combustibles como quieren los presidentes Bush y Lula significa cambiar alimentos por “gasolina verde”. Con todo esta Plan, tendremos la mejor contribución para que el Perú sustituya cultivos de coca por calentamiento global.

El camino para la selva alta es otro: 1) evaluación seria e independiente de lo realizado hasta ahora con el PDA; 2) catastro y empadronamiento de agricultores cocaleros y no cocaleros para apoyar su organización gremial y empresarial; 3) consulta con los agricultores y profesionales que conozcan los límites agropecuarios de selva alta; 4) estrategia orientada principalmente a mercados locales, regionales y nacionales; 5) sostenibilidad alimentaria, basada en biohuertos (vitaminas y calcio) y minigranjas (aves menores y cuyes) junto con acuicultura (no tilapia, sino paco, gamitana, paiche y caracol) y zoocriaderos (picuro y ronsoco), para proteínas y nutrición familiar; 6) agro-forestería en pequeña producción con agricultura orgánica (biol y cobertizos) y siembra por contrato, crédito campesino supervisado y asistencia técnica en la chacra; 7) programa de desarrollo forestal con especies de corta y mediana maduración y no maderables como castaña y caucho, asociado con acuicultura, apicultura y ovino de pelo (no vacas); y, 8) ecoturismo y turismo vivencial sustentable, articulado a cadenas de valor locales.

La exportación agrícola para selva alta es una quimera y hay que decírselo a los agricultores con todas sus letras, desandando lo andado. Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques - no su tala y quema para productos de exportación -, la captura de carbono y los fondos disponibles para ello. Insistir en el PDA impulsado por USAID y ONUDD en los últimos 20 años, además de continuar “adictos al fracaso”, es impulsar la eclosión ecológica y un verdadero Plan de Destrucción de la Agricultura Amazónica (PDA) en reemplazo de los cultivos de hoja de coca.

martes, abril 17, 2007

Consideraciones adicionales sobre el texto ‘El juego del ultimátum: el caso del aporte minero’

CABRÍA PREGUNTARSE: ¿ES PERTINENTE UTILIZAR LOS PRINCIPIOS Y RESULTADOS DEL ‘JUEGO DEL ULTIMÁTUM’ PARA ANALIZAR LA TASA Y EL MONTO DEL ‘APORTE MINERO’?

Por supuesto que nadie puede ser tan ingenuo como para creer que las bases y las conclusiones que se desprenden de los experimentos del Juego del Ultimátum pueden aplicarse al pie de la letra a casos reales, como sería el caso del ‘aporte minero’. No existen situaciones ‘puras’ o ‘ideales’ en la realidad. Pero sí debe reconocerse que sus principios básicos aportan algunas luces sobre eventos específicos como el que tenemos entre manos. Aquí presentaremos unas pocas reflexiones complementarias a las expresadas en el texto mencionado en el encabezado y, además, reflexionaremos sobre algunas de sus limitaciones e interesantes extensiones potenciales de esos experimentos para el análisis de casos prácticos.

1. Sobre la principal conclusión:

-De acuerdo a nuestros argumentos, el ‘aporte minero’ no es en absoluto ‘solidario’, por lo que ha sido bautizado engañosamente como tal por el gobierno. Y no lo es, como hemos intentado demostrarlo, porque la tasa y los montos a repartir terminaron siendo muy pequeños para considerarlos como tales. Recuerde que el aporte es de 3,75% después de impuestos y antes de la distribución de dividendos para las empresas que tienen convenios de ‘estabilidad jurídica’ (que son la mayoría de medianas y solo tres muy grandes: Southern, Yanacocha y Shougang)[1].

-A nuestro entender, de haber existido algún grado de ‘equidad subjetiva’ en el reparto, el aporte bien pudo fluctuar en un amplio rango, que teóricamente –sobre la base de los resultados obtenidos en los experimentos conductistas- podía haberse ubicado entre un mínimo equivalente a un cuarto (caso de los Machiguengas) de las sobreganancias, pasando por el que equivaldría a un 45% verdaderamente solidario (tasa que resultó en la mayoría de experimentos de laboratorio), hasta un máximo –teóricamente ‘exageradamente bondadoso’- de algo más del 60% (caso de los pastores de Tanzania).

-En la práctica, sin embargo, como lo hemos calculado, el aporte no llegó ni al 10% de las ganancias extraordinarias, cifra incluso sobrevaluada, dado que las utilidades netas totales de las 40 y pico empresas que se han comprometido a aportar en base a las obtenidas el año pasado –cuando se den a conocer- podrían ser mayores a las que implícitamente ha postulado el gobierno (S/. 13.333 millones).

2. Sobre los ‘jugadores’ en esta variedad de la ‘teoría de juegos’:

-Teóricamente, como es sabido, el Juego del Ultimátum se lleva a cabo solo entre grupos independientes, cada uno conformado por dos jugadores[2], en que el que recibe el maná hace su ‘oferta’ (en este caso los representantes de los mineros) y el otro –‘recipiente’- la acepta o la rechaza, con lo que –respectivamente- ambos ganan una parte del ‘obsequio’ o ambos pierden todo.

-Cabría pensar que, si el ‘recipiente’ rechaza la oferta, él gana (no en términos monetarios, pero sí por la ‘satisfacción’ de ‘castigar’ al oferente), no así el ‘ofertante’ que sale perdiendo (tanto por la desilusión de no haber ganado siquiera algo del metálico, como por la ‘vergüenza’ de verse rechazado y ser tildado de ‘tacaño’, mellando su ‘reputación’).

-En la práctica, los ‘verdaderos’ receptores no tuvieron voz ni voto, porque el gobierno se tomó la libertad de intervenir en el Juego, supuestamente para defender sus intereses, lo que es bastante normal en nuestras ‘democracias delegativas’ (en el sentido de O’Donnell y Weffort). En tal sentido, el juego por el ‘aporte’ se realizó efectivamente entre dos ‘jugadores’.

-Esto introduce varias distorsiones y complicaciones a los principios básicos del Juego, a saber, diferenciando entre los dos jugadores y el tercer involucrado pasivamente:

a. que el gobierno haya intervenido directamente diverge naturalmente de una de las principales reglas del Juego. Donde el gran problema radica en el hecho de que tiene su propia función objetivo, la que no necesariamente coincide con la de las poblaciones aledañas a la actividad minera, por lo que su aceptación o rechazo de ‘la oferta’ de los mineros necesariamente es distinta a la que habrían dado los verdaderos ‘respondientes’. Y, en efecto, para el gobierno resulta más importante ‘no asustar a la inversión extranjera minera’ (como ya lo demostró con su rechazo al pago de regalías por parte de las mineras que tenían estabilidad tributario-administrativa, cuando el Tribunal Constitucional ya había decretado su validez), con lo que su aceptación es resultado de un sesgo notorio a favor de las mineras. Es eso lo que explica, básicamente, la aceptación –por parte de los delegados del gobierno- de la avara tasa a la que se llegó finalmente.

b. los representantes de las regiones que albergan la actividad extractiva, es decir, los auténticos ‘recipientes’, no participaron en el Juego, cuando muy bien pudieron haber estado representados en el Juego por los Presidentes Regionales, los Alcaldes y/o CONCACAMI. De haber sido este el caso, sin duda los oferentes habrían ‘ofertado’ una tasa mayor de las ganancias extraordinarias (cercana al 45%, al igual que los resultados de laboratorio), porque de lo contrario los dos jugadores habrían perdido todo: El rechazo de las comunidades mineras habría desatado una convulsión y conflictos sociales relativamente generalizados y de graves consecuencias, que habría detenido o limitado la producción minera en muchos lugares, por más apoyo que los intereses mineros habrían recibido del Premier y/o del Ministro de Energía y Minas, así como –en última instancia- de las denominadas Fuerzas del Orden y la Ley.

c. El gremio minero por su parte, debe estar convencido que el ‘aporte voluntario’ es extremamente solidario y una clara muestra de su bondadoso desprendimiento. Lo que probablemente se deba a su creencia de que ya es suficiente con las regalías que pagan (si es que lo hacen) a las zonas aledañas a su actividad extractiva (‘Oiga, es que en este país le das la mano y te arrancan el brazo’). Seguramente también argumentaron que las comunidades mineras reciben una enorme cantidad de dinero por el canon minero y que, para colmo, no están en condiciones de gastarla racional, eficiente y productivamente. A este respecto hemos planteado un propuesta que puede contribuir a solucionar parte del problema a través de una variedad de servicio civil de graduandos[3].

3. Sobre la ‘negociación’:

-A diferencia del experimento-juego de laboratorio, en este caso –si bien en el fondo habría estado marcado por el principio del ‘tómalo o déjalo’ que impuso el gremio empresarial- se llevó a cabo en una larga negociación que comenzó poco después de la segunda vuelta, cuando el Apra ya fuera declarado ganador. Lo que significa que –dado que el D.S. se emitió en diciembre 2006- duró casi siete meses[4].

-Del contenido y temas críticos que se deben haber discutido en la mencionada negociación no se enteró la ciudadanía y ni siquiera los potenciales beneficiarios de las comunidades mineras.

-A pesar de ello nos atrevemos a afirmar, sin plena certeza por cierto (esperemos que algún día salga a luz la ‘inside information’ necesaria para ello), que la pauta del aspecto central de la negociación –la tasa del aporte (3,75%) sobre las utilidades- lo postularon desde un inicio los mineros, en coincidencia con el dictum del Juego del Ultimátum que dice: ‘Tómalo o Déjalo’. Nos imaginamos que los principales mineros se reunieron a mediados del año pasado, para averiguar cuánto estaría dispuesto cada uno a contribuir al ‘pozo’ del aporte minero para que no se establezca un ‘impuesto a la sobreganancias’. Después de largas discusiones entre ellos, sumando las cifras, se llegó seguramente a los famosos 500 millones de soles anuales. Y, por arte de birbibirloque, la consultora técnica estableció el 3,75% de aporte sobre las utilidades netas, para que coincida con aquella cifra (Porque uno bien podría preguntarse porqué no se fijó en 1%, 5%, 10% o cualquier guarismo más redondo).

-De manera que los representantes de los mineros deben haber llegado a la mesa organizada por el gobierno señalando que el aporte sería de 500 millones. Con lo que incluso podríamos hablar de una variante del juego, conocida como el ‘Juego del Dictador’, que –en el laboratorio- lleva a resultados similares o algo menores que en el del Ultimátum original. En ese caso, lo que ofrece-dicta el ‘oferente’ (el dictador) tiene que ser aceptado por el ‘recipiente’, como efectivamente parece haber sucedido.

-Por lo que el prolongado proceso de negociaciones y las postergaciones de la dación del D.S,. se debió probablemente a cuestiones técnicas, tales como: si la tasa se aplicaba a las utilidades brutas; cómo se determinarían los Precios de Referencia a partir de los cuales se pagaría este óbolo; si el aporte debía desembolsarse mensual, semestral o anualmente; y similares.

-También es de notar otra ‘concesión’ que el gobierno le obsequiara al gremio empresarial y que no habrían aceptado los verdaderos ‘recipientes’: que el uso que se le dará a los montos que las comunidades mineras recibirán por este concepto serán administrados por comités, en que las propias empresas mineras de cada zona pondrán la mayoría de miembros, con lo que tendrán el poder para decidir en qué, cómo y cuándo se invertirán esos fondos.

4. Sobre el cálculo de las ganancias extraordinarias:

-El estudio de los ‘precios de referencia’ (encima de los cuales habrían sobreganancias) fue encargado a una consultora privada, que fuera ¡escogida y pagada por los mineros! Por lo que no debe sorprender que el gato del despensero acabó con todas las latas de atún. Como tal, a pesar de su profesionalidad, se trató de otro aliado bien dispuesto –aparte del propio gobierno- del gremio empresarial, básicamente por haber determinado precios de referencia muy altos, como consecuencia del ‘mark-up’ de dos desviaciones estándar que se aplicó a los ‘precios promedio’ del periodo en referencia.

-Ellos determinaron los precios reales promedio del periodo que consideraron relevante (1991-2005), con lo que –aunque solo implícitamente- reconocían que esos eran los precios ‘normales’ del último ciclo de los precios de los metales del mediano plazo. Con ello también estarían dados los precios que garantizarían ganancias ‘normales’. Por lo que nos hemos podido tomar la libertad de calcular burdamente esas ganancias extraordinarias en base a la diferencia entre esos precios ‘normales’ y los precios de mercado del año 2006, lo que –añadiéndoles la producción- nos permitía calcular las ganancias totales y, de ahí, el monto de las sobreganancias correspondientes al año pasado.

5. Canon: reparto de las utilidades acorde con los experimentos del juego

-Interesantemente, en lo que a los impuestos a las ganancias que el gobierno recoge de las empresas mineras se refiere, puede afirmarse que el Canon sí es un reparto ‘solidario’ (y resulta consistente con la predicción del Juego del Ultimátum), ya que distribuye la mitad (a partir de junio 2002, porque anteriormente solo era del 20%) de lo recaudado entre las comunidades mineras (65% para el departamento-región; 25% para la provincia; y 10% para el distrito). Por supuesto que esto no ocurrió de ‘motu propio’ y por la desprendida voluntad del actual gobierno, sino que deriva de la Leyes promovidas por gobiernos anteriores.

-Aunque esa partición podría ser más equitativa si una porción de ese monto fuera también a las regiones sin actividad minera o que no reciben canon por actividades de otra índole que también reciben canon por encontrarse en zonas dentro de las cuales se explotan recursos naturales (gasífero, hidrocarburífero, forestal, pesquero). El año pasado, del canon total distribuido (S/. 1.750 millones), el 73% llegó a solo cuatro departamentos[5]: Cajarmarca (S/. 355 millones), Ancash (349’), Tacna (321’) y Moquegua (271’); mientras que los más pobres de los pobres –con excepción de Puno (118’) y Cusco (67’)- recogieron migajas: Huancavelica: 6 millones; Ayacucho: 1,5’ y Huanuco 1’; y ¡Madre de Dios 32.000 y Amazonas 5.000 soles!

No llegamos a entender porqué las regalías y el aporte solo van para las regiones en que se explotan recursos mineros, cuando se trata de riquezas que ‘pertenecen a todos los peruanos’. ¿Será que las regalías mineras y el aporte voluntario solo están dirigidos a las zonas en que existe explotación de minerales para evitar los conflictos en esas regiones y/o porque solo ahí hay ONGs ‘mediombientalistas, anti-mineras, resentidas y comunistas’? Eso solo adquiere ‘racionalidad’ si aplicamos los ’irracionales’ principios del Juego del Ultimátum: el aporte minero se estaría pagando –ya no como una contribución solidaria- sino como una póliza de seguro para que los ‘aceptantes’ no se rebelen. Se estaría solventando, por tanto, un pago para evitar crecientes (y potenciales) conflictos sociales.

-Y el argumento resulta contundente, si pensamos que el aporte se denomina ‘de solidaridad con el pueblo’: ¿es que los únicos que son considerados ‘pueblo’, son los pobres que viven en las proximidades de las minas? Más aún, ¿son los únicos pobres que requieren un programa de solidaridad? Lo mismo vale para las regalías: siendo las riquezas del suelo propiedad de todos los que tienen derecho a un DNI, no se llega entender porqué solo se las reparte entre los pueblos mineros o las regiones en que se encuentra la mina.

6. Sin duda, los montos de dinero de que se dispone en un Juego de Ultimátum en el laboratorio y los que se ‘replican’ en la vida real divergen tremendamente. Por lo que los resultados podrían cambiar radicalmente, ya que cuanto mayor sea la cifra ‘en juego’ uno diría que el porcentaje ofrecido y el que se acepta puede ser mucho menor al 45% que postulan los resultados de los juegos de aula. Curiosamente, la mayoría de autores considera que esto no es así, de acuerdo a sus investigaciones. Pero, si nos ponemos a pensar que, en el experimento con estudiantes universitarios, la tasa de aceptación es prácticamente nula si de un pozo de 100 soles se rechaza una oferta de uno o dos soles (1 o 2% del total), ello no parecería estar garantizado si se juegan 1.000 millones de soles, en que –intuitivamente por lo menos- es difícil creer que se rechace una oferta de 1-2%, que por tanto ascendería a la cifra de 10 o 20 millones de soles. Valor que ciertamente no es una suma insignificante para el que la rechaza, especialmente si se trata de una persona o comunidad muy pobre. Pero eso es parte de las ‘anomalías’ en el comportamiento económico de los humanos y que hoy en día vienen estudiando con tanto ahínco economistas y sicólogos.

7. Una reflexión final sobre el Juego.

Debe saberse que este experimento forma parte de otros que llevan a las denominadas ‘Anomalías’, que vienen convirtiéndose en un fértil y fascinante campo de investigación y de innovaciones en las ciencias sociales. Para los lectores que no son economistas puede resultar interesante enterarse que el boyante estudio de las ‘anomalías’ va dirigido a hechos y decisiones económicas que no cuadran con los supuestos básicos de la teoría económica ortodoxa y que ésta no puede explicar y/o pronosticar.

El interés que despierta esto entre los expertos radica en los fines que se persiguen con su estudio. El objetivo –en un extremo- consiste en perfeccionar sus teorías para explicar los fenómenos reales y sus instrumentos de análisis y para –en el otro extremo- cuestionar y reconstruir la ciencia económica desde sus bases más elementales. Los avances más importantes que ha permitido esta indagación se ha dado en ‘teoría de juegos’, en ‘economía política’ y en lo que se ha dado en llamar ‘economía de la felicidad’.

La investigación en cuestión intenta responder, desde preguntas aparentemente elementales (tales como, ¿por qué las personas dejan una propina en un restaurante al que nunca más irán? ¿Por qué dan limosna o hacen donaciones a Fundaciones, ONGs, la iglesia? ¿Por qué la gente va a votar cuando sabe que su voto no influye en el resultado final?), hasta cuestiones paradojales que derivan de estudios empíricos y que sencillamente van contra las creencias establecidas y/o el sentido común (¿por qué ciertas empresas le pagan más ‘de lo debido’ a sus trabajadores? ¿por qué los días lunes de cada semana o los meses de enero en todos los años son los que los muestran las cotizaciones y las actividades más bajas en las bolsas de valores? ¿por qué los comercializadores de droga en las grandes ciudades norteamericanas siguen viviendo en casa de sus padres? ¿por qué el que gana una concesión o subasta pierde dinero o –a pesar de tener ganancias- termina decepcionado? etcétera )[6].

Los resultados de esas investigaciones han dado lugar a teorías y conceptos de lo más extraños, pero que se están convirtiendo cada vez más en parte sustancial del léxico de las ciencias sociales. Se habla, por ejemplo, al margen del más conocido ‘dilema del prisionero’, de la ‘maldición de los ganadores’, la ‘paradoja de la abundancia’, el ‘efecto propiedad’ (endowment effect), el ‘efecto marco’ (frame effect), a la par que han surgido nuevas teorías o hipótesis parciales (como la ‘prospect theory’) que pulverizan algunos principios y aspectos básicos que la teoría económica convencional considerados tabú. Que se le haya otorgado el Premio Nóbel de Economía a un sicólogo (Daniel Kahneman) quiere decir que soplan nuevos vientos en la aburrida ciencia económica ortodoxa.

8. Obviamente estos temas dan para mucho más reflexiones y esperamos que nuestros colegas sigan contribuyendo a un debate tan necesario sobre esta y muchas otras ‘anomalías’ del comportamiento económico de las personas y que tienden a socavar críticamente ciertos fundamentos y varios aspectos cruciales del paradigma neoclásico.

9. Para terminar: Muy buenas noticias para mineros y comunidades. Hoy día se han dado a conocer los estimados de las utilidades de seis de las principales empresas mineras del país, conseguidas en el primer trimestre de este año (Gestión de hoy, p. VII de 'Economía y Negocios'). Respecto al mismo periodo del año anterior aumentaron en 38%, pasando de US$ 700 millones a 970': Southern (553'), Cerro Verde (156'), Volcan (97'), Buenaventura (92') y Minsur (61'), según el BCP. Lo que significa que -ceteris paribus- este año solo esa media docena alcanzaría US$ 4.000 millones de ganancias netas.

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA PARA EL LECTOR INTERESADO EN EL ‘JUEGO DEL ULTIMATUM’ Y SUS APLICACIONES

La literatura sobre este tema es gigantesca y encantados se la haremos llegar a los interesados. A los lectores no iniciados en la materia les recomendamos la lectura de los textos en el orden que aquí se presenta.

-Richard Thaler, “The Ultimatum Game”, en Journal of Economic Perspectives , vol. 4, no. 2, 1988; pp. 195-206.

-Colin Camerer y Richard Thaler, "More Dictator and Ultimatum Games", en Journal of Economic Perspectives, vol. 9, no. 2, 1995; pp. 209-219.

-Matthew Rabin, “Incorporating fairness into game theory and economics”, en The American Economic Review, vol. 83, no. 5, 1993; pp. 1281-1302.

-Joseph Henrich, “Does Culture matter in economic behavior? Ultimatum Game Bargaining among the Machiguenga of the Peruvian Amazon”, en The American Economic Review, vol. 90, no. 4, 2000; pp. 973-979.

-Catherine Eckel y Philip Grossman (2001), “Chivalry and Solidarity in Ultimatum Games”, en Economic Inquiry, vol. 39, no. 2, 2001; pp. 171-188.

-James Andreoni, Marco Castillo y Ragan Petrie, “What do bargainers’ preferences look like? Experiments with a convex ultimatum game”, en The American Economic Review, vol.93, no. 3, 2003; pp. 672-685.

Lima, abril 17, 2007.



[1] De lo contrario, las empresas que sí pagan regalías deberán abonar un mínimo de 1,25% de aquel monto. El detalle puede consultarlo –en que encontrará un ejemplo concreto- en el artículo de Hans Flury, “Aporte voluntario y extraordinario”, en Dialogue (revista de la Cámara de Comercio Canadá-Perú), no. 32, marzo 2007; pp. 2-3.

[2] Sin embargo, aunque es un campo que no dominamos, existen otras variantes del Juego del Ultimátum, en especial el denominado ‘competitivo’, cuando hay varios oferentes y un solo demandante, en que generalmente resulta que todo el maná es ofrecido a este último. También se habla del ‘de la propina’, en que el ‘recipiente’ le puede ofrecer una dádiva-donación al oferente, lo que lleva a un resultado más equitativo; y el ‘invertido’, en que el ‘respondiente’ le otorga al ‘proponente’ la posibilidad de dividir el pastel como aquel lo desea y en que el juego solo acaba cuando aquel acepta una oferta o deja de jugar (en este caso éste recibe más del 50%). También cabría la posibilidad de ensayar el ‘dúplex’, en que hay varios ‘oferentes’ que se ponen de acuerdo y varios ‘demandantes’ que no se conocen: aquellos le otorgarían la dádiva al demandante menos exigente o al más ‘necesitado’.

[3] Ver: “Un SECIGRA para proyectos de inversión local”, en El Comercio, abril 9, 2006; p. B7; “Descentralización y Profesionalización”, en Gestión, junio 7, 2006; p. 15.; y “Proyectos de Desarrollo: Una solución Productiva”, entrevista; en El Comercio, Suplemento sobre ‘Canon, regalías y desarrollo sostenido’, agosto 12, 2006; p. 8.

[4] Nótese que en los juegos de laboratorio los ‘jugadores’ solo interactúan en una oportunidad, sin posibilidad de negociación e incluso –en la mayoría de casos- en forma anónima, lo que obviamente es insostenible en casos reales.

[5] Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, “Reporte – Canon Minero: Transferencias 2006”, Lima: SNMPE, 2007.

[6] Fascinantes reflexiones teóricas y casos concretos de este tipo –y de varias otras ‘anomalías’- pueden encontrarse en el libro de Steven Levitt y Sthephen Dubner, Freakonomics – A rogue economist explores the hidden side of everything, Nueva York: Harper-Collins Publshers; así como el aún más fascinante texto de Richard Thaler, The Winner’s Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life, Nueva York: The Free Press, 1992. Una introducción entretenida, informada y didáctica en castellano es la de Sebastián Campanario, La Economía de lo Insólito – Los descubrimientos que hoy revolucionan el mundo de los negocios y las políticas de los gobiernos, Buenos Aires: Ed. Planeta, 2005.